112 presos de ETA ya tienen beneficios penitenciarios en las cárceles vascas, según los últimos datos oficiales conocidos. La cifra, que supone que 112 de los 119 reclusos de la banda terrorista internados en Euskadi han accedido a algún tipo de flexibilización, ha reabierto el debate político y social sobre la política penitenciaria aplicada a los etarras y el papel del Gobierno vasco en la concesión de estos beneficios.
El último caso que ha generado mayor controversia es el de Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, ex jefe militar de ETA, quien disfruta ya de un régimen de semilibertad pese a acumular condenas que suman cerca de 400 años de prisión.
112 presos de ETA con beneficios penitenciarios: los datos oficiales
El Gobierno vasco reconoció a finales de 2025 que 111 presos de ETA habían recibido terceros grados desde que asumió en octubre de 2021 la competencia sobre las cárceles de Álava, Martutene (Guipúzcoa) y Basauri (Vizcaya). Con la reciente concesión a Txeroki, la cifra asciende ya a 112 presos de ETA con beneficios penitenciarios.
El Ejecutivo autonómico, presidido por Imanol Pradales (PNV) desde junio de 2024, ha aplicado de forma progresiva el tercer grado o el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que en la práctica permite un régimen de semilibertad: los internos salen de prisión durante el día y regresan únicamente para dormir entre semana.
El desglose anual de concesiones refleja una tendencia sostenida:
- 2022: 1 concesión inicial y posteriormente 32 terceros grados.
- 2023: 32 nuevos terceros grados.
- 2024: 29 concesiones.
- 2025: 18 beneficios hasta octubre.
Aunque una veintena de estas decisiones fueron recurridas por la Fiscalía y revocadas inicialmente, varios de esos presos de ETA volvieron a recibir posteriormente el mismo beneficio.
Actualmente, de los 119 presos de ETA en cárceles vascas, 104 son hombres y 15 mujeres. 53 están en Álava, 44 en Martutene y 22 en Basauri. Con 112 presos de ETA con beneficios penitenciarios, el porcentaje de internos que ha accedido a flexibilización es abrumadoramente mayoritario.
El caso de Txeroki y el artículo 100.2
La aplicación del artículo 100.2 a Txeroki ha intensificado la polémica. Este precepto, previsto como medida excepcional, permite adaptar el régimen penitenciario sin conceder formalmente el tercer grado, aunque sus efectos prácticos son similares.
¿Por qué genera tanta controversia?
Las asociaciones de víctimas sostienen que el artículo 100.2 se está convirtiendo en un “tercer grado encubierto”. En el caso de Txeroki, quien acumula condenas por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa y otros delitos de terrorismo, el beneficio ha sido interpretado como una concesión incompatible con la gravedad de sus crímenes.
Desde Covite denuncian que la aplicación de este régimen a presos de ETA supone una “amnistía encubierta”. Subrayan que no consta arrepentimiento ni colaboración efectiva con la Justicia, requisitos que, a su juicio, deberían ser imprescindibles.
El ex jefe militar de ETA cumple condena en Martutene y, desde esta semana, solo debe acudir a prisión para dormir. La imagen de su salida ha sido calificada por algunos sectores como “la foto de la vergüenza”.
Las víctimas denuncian la política hacia los presos de ETA
Las asociaciones de víctimas del terrorismo han reaccionado con dureza ante la cifra de 112 presos de ETA con beneficios penitenciarios.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) afirma que desde febrero de 2022 se han producido 113 progresiones a tercer grado de 93 presos de ETA, alertando de una “excarcelación progresiva” que, en su opinión, deja atrás a las víctimas.
Su presidenta, Maite Araluce, sostiene que la legislación penitenciaria se está utilizando para beneficiar a los terroristas sin exigir un arrepentimiento real. Según denuncia, en muchos casos basta con firmar un documento de rechazo de la violencia y una petición de perdón formal.
Covite, presidido por Consuelo Ordóñez, insiste en que la Fiscalía de la Audiencia Nacional debería recurrir estas decisiones, ya que las víctimas no pueden personarse en la fase de ejecución de condena.
Dimensión política del debate
El debate sobre los 112 presos de ETA con beneficios penitenciarios también tiene una fuerte dimensión política. La cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco y el fin de la política de dispersión han sido pasos decisivos en este proceso.
Desde Dignidad y Justicia vinculan la política penitenciaria a acuerdos parlamentarios a nivel nacional, señalando que el apoyo de fuerzas abertzales resulta clave para la estabilidad del Ejecutivo central.
Mientras tanto, desde sectores críticos se recuerda que aún quedan centenares de asesinatos de ETA sin resolver judicialmente, lo que añade mayor sensibilidad al debate.
Un porcentaje que marca un antes y un después
Que 112 presos de ETA con beneficios penitenciarios representen prácticamente la totalidad de los internos de la organización en Euskadi marca un punto de inflexión en la política carcelaria aplicada tras el fin de la actividad armada.
Para unos, se trata de la aplicación estricta de la legalidad penitenciaria y del principio de reinserción. Para otros, supone una cesión política que vacía de contenido el cumplimiento íntegro de las condenas.
Lo cierto es que la cifra de 112 presos de ETA con beneficios penitenciarios se ha convertido en el epicentro de un debate que trasciende lo jurídico y afecta directamente a la memoria, la justicia y la convivencia en el País Vasco y en el conjunto de España.