La semilibertad de Txeroki ha desatado una polémica sin precedentes en el País Vasco. El Gobierno vasco, en coalición con PNV y PSOE, ha alegado la protección de los “derechos fundamentales” del ex jefe militar de ETA, Mikel Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, para evitar revelar el informe que justificó su acceso a la semilibertad. Este documento sigue siendo secreto, lo que ha generado críticas de víctimas del terrorismo y de la sociedad civil.
El ex líder de la organización terrorista ETA fue condenado a 377 años de prisión por 20 tentativas de asesinato, y aún mantiene 22 causas pendientes por asesinatos y atentados. A pesar de ello, en febrero de 2026 comenzó a disfrutar de salidas de lunes a viernes, regresando a prisión únicamente para pernoctar los fines de semana. Esta medida se aplicó mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, sin constar signos de arrepentimiento de Txeroki.
Gobierno Vasco esconde el informe de la semilibertad de Txeroki
La diputada de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, solicitó información sobre los motivos de esta semilibertad. Sin embargo, la respuesta oficial no incluyó los detalles del informe, sino que se limitó a justificar la confidencialidad por protección de datos personales y derechos fundamentales. Según el Ejecutivo autonómico, divulgar información sensible sobre internos podría constituir una vulneración de derechos, incluyendo datos sanitarios, psicológicos, familiares y sociales.
Además, el Gobierno asegura que los documentos están bajo procedimiento judicial, específicamente en el juzgado de vigilancia penitenciaria, y que la Administración no puede acceder ni revelar su contenido. De esta manera, ni el público ni los medios de comunicación conocen si Txeroki ha mostrado arrepentimiento o desvinculación con ETA.
Críticas de asociaciones de víctimas
Organizaciones como Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco) han criticado la decisión de aplicar de manera generalizada el artículo 100.2. Argumentan que se desvirtúa el carácter excepcional de la medida y se ignora el requisito legal del arrepentimiento. A su juicio, la política penitenciaria actual facilita la salida de prisión de terroristas sin exigir una verdadera separación del entramado político y social que aún legitima el terrorismo.
Semilibertad de Txeroki: un historial criminal alarmante
El historial de Txeroki es especialmente grave. Fue detenido en noviembre de 2008 en Francia y comenzó su condena internacional. En 2018 fue trasladado a España para enfrentar múltiples causas pendientes. Entre sus crímenes destacan intentos de asesinato de figuras públicas, incluyendo a la ex teniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo, y a la periodista María Luisa Guerrero. Cada uno de estos delitos le supuso condenas de 18 años de prisión, acumulando un total de 377 años.
Pese a la gravedad de su historial, el Gobierno Vasco ha priorizado proteger los derechos de Txeroki, incluyendo la confidencialidad sobre sus actividades laborales y formativas que justifican sus salidas de prisión.
Semilibertad de Txeroki y el debate público
La semilibertad de Txeroki no solo plantea preguntas sobre la eficacia del sistema penitenciario, sino también sobre la justicia y la memoria histórica. Muchos ciudadanos y víctimas consideran que el acceso a la semilibertad de un terrorista con causas pendientes envía un mensaje contradictorio sobre la responsabilidad y el castigo por crímenes graves.
La polémica sobre la semilibertad de Txeroki continúa creciendo, con debates que cruzan el ámbito político, jurídico y social. Mientras el Gobierno Vasco insiste en la protección de derechos fundamentales, la sociedad exige transparencia y explicaciones sobre la medida que permite a un histórico de ETA salir de prisión sin demostrar arrepentimiento.
En definitiva, la semilibertad de Txeroki no es solo un asunto legal, sino un reflejo de las tensiones entre justicia, seguridad y derechos individuales, que sigue generando preocupación y controversia en toda España.
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