La inmigración en España ha experimentado un notable crecimiento, alcanzando casi 49,4 millones de habitantes para el 1 de octubre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta cifra, 9,8 millones de personas nacieron en el extranjero, lo que representa un aumento de 2,5 millones desde finales de 2021. Sin embargo, la integración laboral de los inmigrantes ha sido menos dinámica que su llegada.
La preocupación por la inmigración ha aumentado en España, siendo uno de los temas más señalados en encuestas del CIS, con un 19 % de los encuestados identificándolo como un problema principal del país. A esto se sumar otra cifra relevante: la tasa de paro entre extranjeros es del 18,2 %, frente al 11,6 % de la población autóctona. La evolución de la tasa de actividad también muestra una caída entre los extranjeros del 84 % al 79 %, alcanzando su punto más bajo en 20 años.
Un estudio realizado por el Foro Regulación Inteligente (FRI) sobre inmigración e inclusión laboral revela que el 57,2 % de los inmigrantes considera «difícil» o «muy difícil» acceder a un empleo. Las principales barreras identificadas son la burocracia (66,8 %), la falta de permisos (21,6 %), y la desconfianza (20,4 %).
Desde la perspectiva empresarial, el 87 % de los empleadores evalúa positivamente a los trabajadores extranjeros, aunque el 63 % denuncia problemas administrativos para contratarlos. Entre los obstáculos, la validación de títulos académicos es citada como la principal barrera, seguida de la simplificación de trámites de extranjería (22 %) y la introducción de incentivos fiscales (21 %).
El informe del FRI concluye que la complejidad del proceso de contratación es un factor crucial que frena la integración laboral de los inmigrantes, afectando potencialmente el dinamismo económico del país.