La pareja de Ayuso acusa a Sánchez de violar sus derechos fundamentales y de convertir el procedimiento judicial en “la antítesis de un proceso justo”, según el escrito de defensa presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. El empresario Alberto González Amador, investigado por un presunto fraude fiscal, sostiene que el proceso ha estado marcado por interferencias políticas y por una vulneración sistemática de garantías básicas del Estado de derecho.
La defensa afirma que los derechos fundamentales del empresario habrían sido lesionados “por autoridades del Poder Ejecutivo de forma continuada”, señalando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por declaraciones públicas en las que habría dado por probada su culpabilidad antes de que exista sentencia firme.
El escrito marca un punto de inflexión en la causa judicial, elevando el tono político y jurídico del caso.
Petición de prisión y multa millonaria
La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para González Amador penas que alcanzan los tres años y nueve meses de prisión, además de una multa cercana a los 450.000 euros. Se le atribuyen supuestos delitos de fraude fiscal correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021, así como falsedad documental, irregularidades contables y pertenencia a grupo criminal.
Sin embargo, en el documento presentado ante el juzgado, la pareja de Ayuso acusa a Sánchez de violar sus derechos y rechaza de plano la existencia de fraude alguno. La defensa sostiene que las facturas cuestionadas son reales y no simuladas, y que los hechos descritos por la acusación “no son constitutivos de delito”.
El núcleo del alegato no se limita a rebatir la acusación tributaria, sino que apunta a la supuesta contaminación del procedimiento desde su inicio.
Interferencias políticas y vulneración de garantías
Uno de los aspectos más contundentes del escrito es la denuncia de lo que considera una “desnaturalización” del proceso penal. Según la defensa, antes incluso de que existiera formalmente la causa, se habrían producido actuaciones irregulares atribuidas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El documento sostiene que estas actuaciones habrían sido posteriormente cuestionadas por instancias judiciales, lo que, a juicio de la defensa, demostraría una alteración grave de los mecanismos de garantía legal.
En este contexto, la pareja de Ayuso acusa a Sánchez de violar sus derechos al haber realizado declaraciones públicas en las que, según el escrito, se quebró el principio de presunción de inocencia. El presidente llegó a referirse a él como “delincuente confeso” y afirmó que había cometido un delito fiscal.
Para los abogados, tales manifestaciones constituyen una interferencia directa del Poder Ejecutivo en un procedimiento judicial en curso.
### La pareja de Ayuso acusa a Sánchez de violar sus derechos y cuestiona el proceso
El escrito presentado ante el juzgado califica el procedimiento como “la antítesis del proceso penal justo”. La defensa argumenta que se habrían sustituido las garantías procesales por actuaciones que, siempre según su versión, han contaminado toda la instrucción.
Además, se sostiene que el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías habrían sido lesionados de forma reiterada. En este sentido, la pareja de Ayuso acusa a Sánchez de violar sus derechos no solo por declaraciones políticas, sino por el contexto institucional que rodea el caso.
El texto también denuncia que el procedimiento habría estado bajo sospecha desde su origen debido a lo que califica como “interferencias desde Moncloa”.
Aval judicial al procesamiento
Pese a estos argumentos, en noviembre pasado la Audiencia Provincial de Madrid avaló el procesamiento de González Amador y de otros cuatro empresarios por un presunto fraude superior a 350.000 euros.
En la causa actúan como acusación popular el PSOE y Más Madrid, lo que añade un componente político al procedimiento. Desde el entorno del empresario consideran que esta circunstancia refuerza la tesis de que el proceso ha adquirido una dimensión partidista.
Aun así, la instrucción continúa su curso y será el órgano judicial competente el que determine si procede la apertura de juicio oral.
Un choque institucional de alto voltaje
El hecho de que la pareja de Ayuso acusa a Sánchez de violar sus derechos introduce un elemento de confrontación institucional directa entre el Ejecutivo central y el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La controversia se enmarca en un clima político de alta tensión entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño. El caso judicial ha trascendido el ámbito estrictamente penal para convertirse en un nuevo foco de enfrentamiento político.
Mientras la defensa insiste en que el procedimiento es irregular y vulnera garantías esenciales, la acusación mantiene que existen indicios sólidos de fraude fiscal y otras irregularidades.
En definitiva, la pareja de Ayuso acusa a Sánchez de violar sus derechos y sitúa el debate en el terreno de las garantías constitucionales. El desarrollo del proceso judicial será determinante para esclarecer no solo la responsabilidad penal del empresario, sino también el alcance real de las denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales en el marco de esta causa.