El déficit público de España para el año 2025 se ha fijado en 2,18% del PIB, una cifra que ha generado un amplio debate sobre la salud fiscal del país. Presentado recientemente por el Gobierno, este dato resalta una reducción nominal en el déficit de 8 811 millones de euros, que podría interpretarse como un avance en la disciplina fiscal.
Sin embargo, es importante contextualizar este decremento a la luz de un aumento significativo en los ingresos públicos, que crecieron en 30 622 millones de euros. Esto indica que el ajuste en el déficit no proviene de una reducción del gasto, sino de un aumento en la recaudación impulsado principalmente por la inflación.
La inflación, que actúa como un impuesto oculto cuando no se acompañan de medidas correctoras, ha llevado a una mayor carga fiscal sobre los ciudadanos. Sin la actualización de los tramos impositivos, los contribuyentes ven su poder adquisitivo erosionado.
Los ingresos fiscales se ven igualmente beneficiados por el incremento en los precios, lo que eleva automáticamente la base imponible del IVA y otros tributos. Como resultado, los ingresos crecen mientras el gasto público también aumenta, con un incremento de 21 811 millones de euros, lo que equivale a un aumento de 1,25 puntos del PIB.
Cuando se ajusta el déficit excluyendo el impacto de la inflación, se estima que el verdadero déficit estructural podría estar cerca del 3,43%. Este efecto es aún más notable considerando factores extraordinarios que también incrementan el gasto, como eventos climáticos, que aunque son considerados excepcionales, se han vuelto más frecuentes en la actualidad.
En términos de más largo plazo, la situación económica y productiva de España presenta preocupaciones adicionales. La retención de talento y el aumento de sectores con menor valor añadido limitan las posibilidades de crecimiento y la capacidad de generar ingresos sostenibles a futuro. Este contexto sugiere que, a pesar de una aparente consolidación fiscal, subsisten desequilibrios estructurales en la economía española.