El pacto entre PSOE y Podemos, aprobado por real decreto y sin pasar por el Congreso, permitirá la regularización de extranjeros en situación irregular incluso con causas penales abiertas, siempre que no existan antecedentes “relevantes”. Policía y oposición alertan de inseguridad jurídica y efecto llamada.
Regularización masiva sin control parlamentario
El Gobierno ha cerrado con Podemos una regularización masiva de inmigrantes ilegales que se aprobará vía real decreto, evitando así el debate y la votación en el Congreso de los Diputados. La medida permitirá obtener la residencia a más de medio millón de personas, según las estimaciones del propio Ejecutivo, y blindará frente a la expulsión a inmigrantes incluso acusados de delitos, siempre que las condenas no superen un año de prisión.
Uno de los puntos más controvertidos del acuerdo es el requisito de no contar con antecedentes penales “relevantes”, un concepto impreciso cuyo alcance no ha sido definido por el Gobierno.
Delitos en investigación y expulsiones bloqueadas
La clave jurídica del decreto es que la ausencia de antecedentes penales no impide que una persona esté inmersa en procesos judiciales en curso. Es decir, detenciones recientes por hechos graves pueden no constar aún como antecedentes debido a los largos plazos judiciales.
Desde el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, alertan de que:
“La ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación”.
Los agentes advierten de que esta situación obligará a cruzar bases de datos nacionales e internacionales, incrementando la carga de trabajo en un sistema ya saturado, sin que el Ejecutivo haya anunciado refuerzos de personal ni medios tecnológicos.
“Antecedentes relevantes”: inseguridad jurídica
La definición política de qué antecedentes son o no “relevantes” genera, según fuentes policiales, una grave inseguridad jurídica. Los funcionarios encargados de aplicar la norma se enfrentan a:
- Instrucciones cambiantes
- Dudas en la tramitación
- Aumento de recursos y litigios
- Riesgo de arbitrariedad administrativa
Todo ello en el contexto de una gestión masiva y urgente de expedientes.
Quiénes podrán regularizarse
La medida beneficiará a inmigrantes que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025. Para demostrar su estancia bastará con cinco meses de presencia, acreditables mediante documentos de fácil obtención como:
- Empadronamiento
- Citas médicas
- Informes de servicios sociales
- Contratos de alquiler
- Justificantes de envíos de dinero
- Billetes de transporte
Desde el momento de la solicitud, quedarán suspendidas las órdenes de expulsión y los procedimientos de retorno, incluso por trabajar sin permiso. Al admitirse a trámite, se concederá una autorización provisional que permite trabajar legalmente y acceder a la sanidad.
Un año de residencia y puerta abierta a más
Si la resolución es favorable, se otorgará una residencia por un año, tras el cual el beneficiario podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al Reglamento de Extranjería, ya flexibilizado por el Gobierno desde mayo del año pasado.
Además, el decreto abre la puerta a la reunificación familiar, lo que incrementará notablemente el número real de beneficiarios.
España, desbordada por la inmigración irregular
Un informe reciente de Funcas revela que la inmigración irregular en España ha aumentado un 685 % en ocho años, pasando de 107 000 personas en 2017 a 840 000 en 2025.
Por nacionalidades destacan:
- Colombianos: 290 000
- Peruanos: 110 000
- Hondureños: 90 000
A ellos se suman 50 000 africanos, 15 000 asiáticos y 14 000 europeos en situación irregular.
Críticas durísimas de la oposición
La oposición ha reaccionado con dureza. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que el decreto busca desviar la atención tras recientes tragedias y desbordar los servicios públicos.
Desde Vox, Santiago Abascal habló directamente de “efecto llamada” y de una política destinada a “sustituir al pueblo español”, reclamando repatriaciones y deportaciones.
El alcalde de Badalona, Xavier Albiol, fue aún más gráfico:
“Un inmigrante ilegal detenido diez veces por robar y pendiente de juicio será premiado con la residencia. Delinquir sale gratis”.
Un cambio de modelo sin precedentes
La regularización masiva por decreto marca un punto de inflexión en la política migratoria española: menos control, más discrecionalidad y cero debate parlamentario. Mientras el Gobierno defiende la medida como una respuesta “humanitaria”, policías, juristas y oposición alertan de caos administrativo, inseguridad jurídica y riesgos para la convivencia.
¿Estamos ante una política de integración o ante la legalización del descontrol migratorio por decreto?