Ahorro administrativo de Von der Leyen será del 0,002% del PIB

La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, ha presentado nuevas medidas destinadas a la simplificación normativa, que incluirían un ahorro en costes administrativos de aproximadamente 400 millones de euros anuales. Esta cifra, derivada de su propia evaluación de impacto, se plantea como un avance en la reducción de cargas para las empresas.
Sin embargo, este ahorro debe ser contextualizado dentro del marco más amplio del problema que se busca abordar. Según diversos análisis institucionales de la UE, las barreras regulatorias dentro del mercado único generan costes significativos, estimados entre 300 000 y 500 000 millones de euros anuales, atribuidos a los denominados «aranceles internos».
La evaluación sugiere que el ahorro de 400 millones de euros representa entre el 0,08% y el 0,13% del total estimado de las cargas internas, lo que se traduce en un impacto del 0,002%–0,003% del PIB de la Unión Europea, cuyo valor supera los 15 billones de euros.
Por otro lado, esta cifra contrasta con el presupuesto anual de la Unión Europea, que supera los 180 000 millones de euros, lo que sitúa el ahorro administrativo en aproximadamente el 0,2% del gasto comunitario. Además, los programas nacionales de apoyo industrial o energético movilizan sumas significativamente mayores que los ahorros propuestos.
El costo de cumplimiento normativo para empresas operando en varios países aumenta notablemente, dada la necesidad de adaptarse a 27 marcos legales diferentes. En este sentido, el foco no solo está en los trámites iniciales, sino en la fragmentación estructural del mercado. Las diferencias en derecho societario, fiscalidad, regulación laboral y otros aspectos generan obstáculos a la operativa transfronteriza.
Esta situación ha llevado a un aumento en la deslocalización, evidenciado por el hecho de que aproximadamente el 27% de los 147 unicornios creados en Europa entre 2008 y 2021 han trasladado su sede fuera de la UE, principalmente hacia Estados Unidos.
El diseño del nuevo ‘régimen 28’, aunque introduce mejoras en la digitalización y la creación de sociedades, no resuelve de manera sustancial la fragmentación normativa. A pesar de identificar un problema significativo, el impacto de las medidas propuestas se considera reducido en relación con el volumen de costes que genera la fragmentación regulatoria.
En conclusión, la brecha entre el diagnóstico de la fragmentación del mercado y la efectividad de las soluciones propuestas sigue siendo considerable, lo que cuestiona la capacidad de estas reformas para facilitar la expansión transfronteriza.