Las empresas públicas en España han incrementado el gasto en la contratación de detectives privados para investigar bajas laborales fraudulentas, un fenómeno que ha crecido significativamente en los últimos años. Según un informe de la AIReF y otros análisis, el aumento del absentismo laboral asociado a incapacidades temporales ha llevado a estas empresas a actuar de manera proactiva.
Desde 2023 hasta 2025, el uso de agencias de detectives privados ha mostrado un aumento notable. En 2023, el gasto total en la contratación de estos servicios ascendió a 903 081,50 euros, con la colaboración de mutuas que trabajan junto a la Seguridad Social. En 2024, el gasto se elevó a 921 172 euros, con más de veinte contratos adjudicados.
Sin embargo, fue en 2025 cuando se registró el mayor gasto, alcanzando un total de 1 896 094 euros en más de treinta contratos. Este aumento refleja la creciente preocupación de las empresas por el absentismo laboral relacionado con bajas por incapacidad temporal.
Los contratos especifican claramente que el objetivo es investigar a los trabajadores para confirmar si realizan actividades laborales incompatibles con sus dolencias, o detectar conductas fraudulentas en la obtención de prestaciones.
Por lo tanto, el fenómeno del absentismo laboral no solo afecta a las empresas públicas, sino que también ha propiciado un cambio en la manera en que estas organizaciones abordan la supervisión de incapacidades laborales, recurriendo a servicios profesionales externos para asegurar la transparencia y la legalidad en el uso de las bajas laborales.