La defensa de la esposa de Pedro Sánchez multiplica sus recursos contra el juez Juan Carlos Peinado y denuncia indefensión, mientras fuentes jurídicas ven una estrategia para retrasar la apertura de juicio oral.
Begoña Gómez eleva la presión judicial contra Peinado
La causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entra en una fase decisiva marcada por una intensa ofensiva procesal contra el juez instructor, Juan Carlos Peinado. La defensa de Gómez, dirigida por el exministro socialista Antonio Camacho, ha presentado un nuevo escrito de queja en el que insiste en la supuesta “invalidez del procedimiento” y denuncia una vulneración de su derecho de defensa.
Se trata del quinto escrito contra las actuaciones de Peinado en apenas un mes, desde que el magistrado dictó el procesamiento de Gómez por la presunta comisión de cuatro delitos a mediados de abril. Fuentes jurídicas citadas por ese medio interpretan esta estrategia como un intento de “atrasar el juicio”.
Cinco escritos en un mes y una estrategia bajo sospecha
La defensa de Begoña Gómez ha dirigido sus recursos contra varios pasos adoptados por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Entre ellos, el auto de procesamiento, la tramitación por el procedimiento del Tribunal del Jurado y la negativa del juez a acordar determinadas diligencias periciales solicitadas por la investigada.
El último escrito vuelve a poner el foco en una cuestión clave: que Gómez pueda acabar siendo juzgada por un jurado popular. La defensa sostiene que Peinado no debería continuar con la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso presentado contra esa vía procesal.
La batalla jurídica no es menor. El formato del juicio puede condicionar el desarrollo del procedimiento, la estrategia de las partes y la percepción pública de un caso que afecta de lleno al entorno familiar del presidente del Gobierno.
La defensa denuncia indefensión y falta de indicios
El equipo jurídico de Gómez sostiene que la actuación de Peinado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. También critica que el instructor haya rechazado periciales solicitadas por la defensa, al considerar que esa decisión le impide controlar adecuadamente las resoluciones recurridas.
En su escrito, la defensa afirma que se está produciendo una “vulneración sustantiva del derecho de defensa” y acusa al juez de no haber aportado “ningún indicio” suficiente para sostener los delitos investigados, según recoge la información original.
La defensa también ha alegado en otros recursos que la investigación se habría construido sobre la condición de Gómez como “cónyuge” de Pedro Sánchez. Medios como la Cadena SER y El País han informado de que el recurso ante la Audiencia de Madrid cuestiona la decisión de llevar el caso ante un jurado popular y acusa a Peinado de falta de motivación suficiente.
Peinado mantiene el rumbo hacia el jurado popular
El juez Juan Carlos Peinado ha defendido hasta ahora la continuidad del procedimiento y la tramitación por la vía del Tribunal del Jurado. Europa Press informó el 6 de mayo de que el magistrado desestimó el recurso de Gómez contra el jurado popular, rechazó archivar el caso y acordó nuevas diligencias.
La decisión es especialmente relevante porque la Audiencia Provincial de Madrid ya había anulado previamente, en febrero, la decisión inicial de Peinado de encaminar la causa hacia un jurado popular al considerar que faltaba una fundamentación suficiente. Aquella resolución exigía una mayor concreción de los hechos atribuidos y de los indicios que justificarían ese cauce procesal.
Posteriormente, Peinado volvió a impulsar esa vía, lo que ha reactivado el choque entre el instructor y las defensas. El caso se ha convertido así en una batalla técnica, pero también política, por el peso institucional de la investigada.
Las fuentes jurídicas apuntan a una maniobra dilatoria
Fuentes jurídicas citadas consideran que la sucesión de escritos puede tener un efecto claro: retrasar la apertura de juicio oral. Según esas fuentes, la defensa parece dispuesta a impugnar cada decisión de Peinado, lo que inevitablemente puede alargar los plazos del procedimiento.
El argumento de la defensa es distinto. Camacho sostiene que no puede prepararse adecuadamente una estrategia procesal mientras la Audiencia no resuelva cuestiones esenciales, como la validez de la tramitación ante jurado popular.
La controversia, por tanto, se mueve entre dos lecturas. Para la defensa, se trata de garantizar los derechos de la investigada. Para otras voces jurídicas, la acumulación de escritos parece diseñada para ganar tiempo antes de una eventual apertura de juicio oral.
Un caso judicial con evidente impacto político
El procedimiento contra Begoña Gómez tiene una dimensión política imposible de ignorar. La investigada no es una ciudadana anónima, sino la esposa del presidente del Gobierno, y la causa se desarrolla en un contexto de fuerte tensión institucional.
La Fiscalía ha mantenido una posición crítica con la investigación. The Objective publicó en abril que el Ministerio Público acusó al juez Peinado de basarse en “hipótesis” y defendió que los hechos investigados no serían constitutivos de delito.
Además, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, ha pedido su absolución y ha calificado de desproporcionadas algunas peticiones de acusación, según informó El País.
Aun así, el instructor mantiene abierta la causa y sigue pendiente de diligencias encargadas a la Guardia Civil antes de decidir si procede avanzar hacia la apertura de juicio oral.
El pulso entre defensa, juez y Audiencia
La clave inmediata está en la Audiencia Provincial de Madrid. Si respalda a Peinado, el camino hacia el juicio ante jurado popular ganará fuerza. Si vuelve a corregir al instructor, la causa podría sufrir un nuevo frenazo procesal.
Mientras tanto, la defensa de Gómez insiste en que el procedimiento es inválido y que se le está causando indefensión. Peinado, por su parte, continúa con la instrucción y parece decidido a cerrar esta fase en las próximas semanas, según las fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital.
El resultado de este pulso será decisivo no solo para Begoña Gómez, sino también para el clima político nacional. La Moncloa observa cómo el caso sigue avanzando en los tribunales mientras el PSOE intenta evitar que el desgaste judicial se convierta en un problema electoral de primer orden.
El caso Begoña Gómez ya no es solo una causa penal. Es un pulso institucional con derivadas políticas evidentes. La defensa denuncia indefensión; el juez mantiene la instrucción; y la Audiencia tendrá la última palabra sobre una de las decisiones más sensibles: si la esposa de Pedro Sánchez debe sentarse ante un jurado popular.
¿Estamos ante una defensa legítima de garantías procesales o ante una estrategia para retrasar un juicio incómodo para el poder?
