Bélgica embarga 482 millones a España por impagos en renovables
La justicia de Bélgica ha decidido embargar 482,4 millones de euros de los pagos de Eurocontrol a Enaire, proveedor estatal español de navegación aérea, como parte de un proceso judicial relacionado con las indemnizaciones debidas a los inversores en energías renovables.
Esta medida se enmarca dentro del conflicto derivado de los recortes retroactivos a las primas renovables aplicados por el Gobierno español, que han condundido a varias reclamaciones internacionales. El fondo OperaFund obtuvo en 2019 un laudo favorable del CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que reconoce una deuda de 29,3 millones de euros, más 7,5 millones de euros en intereses.
Ante el incumplimiento por parte del Gobierno español de esta orden judicial, se han iniciado acciones legales en diferentes jurisdicciones para asegurar el pago. De esta manera, la decisión del tribunal belga respalda el embargo de estos bienes, dado que Enaire tiene sede y cuentas bajo su jurisdicción.
Este embargo implica que una suma considerable queda inmovilizada, ya que se determinará si es necesaria para compensar a los acreedores. Problemas similares han surgido anteriormente: en julio de 2025, la firma japonesa Eurus Energy también consiguió un embargo en Bélgica por más de 207 millones de euros.
Los inversores continúan presionando al Gobierno español, cuya negativa a cumplir con los laudos está resultando en un coste creciente para las arcas públicas. Hasta diciembre de 2025, los inversores reclaman un total de 2 292 millones de euros, sumando 297,6 millones de euros en intereses y 238,7 millones de euros en costes legales. Esta situación se ha visto acompañada por una disminución del 28 % en la inversión extranjera en España entre enero y septiembre de 2025, la cifra más baja desde 2021.
Las decisiones judiciales a favor de los inversores se están multiplicando en distintas jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, donde los tribunales también han reconocido la validez de múltiples laudos contra el Estado español. Los inversores han expresado su disposición a llegar a un acuerdo, pero han dejado claro que seguirán persiguiendo embargos hasta que se salden las indemnizaciones pendientes.