La acusación popular sostiene que Begoña Gómez habría utilizado para fines privados recursos vinculados a la Universidad Complutense y la actividad de su asistente en Moncloa. La Audiencia Provincial considera que existen elementos que permiten continuar el procedimiento por presunta malversación.
El caso Begoña Gómez vuelve a situar el foco sobre el destino del software desarrollado en el marco de la cátedra que dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La acusación popular unificada sostiene que existió un supuesto «uso y desvío» hacia la esfera privada de un programa desarrollado con recursos vinculados a la universidad pública.
El planteamiento forma parte del escrito de acusación presentado ante el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, según la documentación citada por Libertad Digital.
La acusación, liderada por Hazte Oír, vincula la presunta malversación a dos grandes cuestiones: por un lado, el supuesto aprovechamiento para actividades privadas del trabajo de Cristina Álvarez, asistente de Gómez en Moncloa; por otro, el control y destino del software desarrollado dentro de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense.
Las afirmaciones forman parte de la tesis de la acusación y deberán ser sometidas a contradicción y valoración judicial. Una acusación penal no equivale a una condena.
La acusación pone el foco en el software de la Cátedra
El segundo bloque de la presunta malversación señalado por la acusación se refiere directamente al programa informático generado en el seno de la Cátedra TSC.
Según el escrito reproducido por Libertad Digital, la acusación sostiene que Gómez, con la supuesta cooperación de Cristina Álvarez, habría puesto el programa bajo su «poder de control y disposición» pese a que, de acuerdo con su tesis, el activo debía permanecer integrado en el patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid.
La acusación afirma además que los derechos sobre ese software no habrían sido entregados a la UCM y señala que el programa llegó a estar accesible a terceros mediante un dominio registrado a nombre de Gómez.
A ello añade la utilización de determinadas marcas registradas y la constitución de una sociedad con una denominación relacionada.
Sobre esa base, la acusación interpreta que se habría producido una proyección de un activo vinculado a la universidad hacia intereses privados.
Será el procedimiento judicial el que determine finalmente la naturaleza jurídica del software, sus derechos, el alcance de las actuaciones realizadas y si existió o no responsabilidad penal.
La Audiencia de Madrid avaló que pudiera investigarse la malversación
Una cuestión especialmente relevante del caso Begoña Gómez es la discusión sobre si la esposa del presidente del Gobierno podía responder por un supuesto delito de malversación pese a no ser funcionaria.
Según la resolución de la Audiencia Provincial citada por la información original, el tribunal rechazó que esa circunstancia impidiera automáticamente apreciar el delito.
La clave se encontraría en las responsabilidades asumidas por Gómez dentro de la cátedra.
La resolución argumentó que, cuando asumió su codirección, habría asumido también funciones relacionadas con la protección de patrimonio público.
Esto no significa que la Audiencia haya declarado culpable a Gómez de malversación. Significa que, según la resolución citada, su falta de condición funcionarial no excluye por sí sola la posibilidad de que los hechos investigados puedan encajar penalmente en ese delito.
La distinción resulta fundamental.
El segundo frente: la asistente de Moncloa
El escrito de la acusación también vuelve sobre el papel desempeñado por Cristina Álvarez, asistente destinada a prestar apoyo a Begoña Gómez en Moncloa.
La acusación sostiene que Gómez conocía que la remuneración de Álvarez procedía de fondos públicos destinados a funciones de confianza y asesoramiento institucional, pero que habría utilizado parte de su actividad para asuntos relacionados con sus intereses docentes y profesionales.
Según esa versión, el supuesto beneficio privado se habría prolongado desde 2020 hasta la finalización de la actividad universitaria.
La acusación interpreta esa utilización de la fuerza de trabajo de una empleada remunerada con dinero público como otra posible manifestación de malversación.
También en este punto deberá determinarse judicialmente qué funciones tenía asignadas Álvarez, cuáles realizó efectivamente y si alguna actuación concreta excedió legalmente sus cometidos.
La acusación pide 13 años de prisión para Begoña Gómez
Después de la resolución de la Audiencia Provincial, la acusación popular presentó su escrito solicitando 13 años de prisión para Begoña Gómez, según la información publicada por Libertad Digital.
La petición constituye la posición procesal de esa acusación y no anticipa la eventual decisión del tribunal.
La acusación también pretende que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca como testigo durante el juicio.
La presencia del jefe del Ejecutivo elevaría considerablemente la dimensión política de un procedimiento que desde su inicio ha provocado un intenso enfrentamiento entre Gobierno, oposición y acusaciones personadas.
La propiedad y utilización del software, una cuestión clave
El destino del programa informático puede convertirse en uno de los elementos relevantes del procedimiento.
La cuestión no consiste simplemente en determinar quién utilizó una aplicación.
Será necesario esclarecer cómo se financió su desarrollo, qué acuerdos regulaban la propiedad intelectual, quién tenía capacidad para explotarlo, cuáles eran las obligaciones de la dirección de la cátedra y qué utilización efectiva se hizo posteriormente del programa.
Estos elementos serán esenciales para determinar si existió una apropiación o desviación penalmente relevante o si las actuaciones se encontraban amparadas por los acuerdos existentes.
La acusación sostiene una interpretación claramente incriminatoria. La defensa tendrá la posibilidad de combatirla y aportar su propia explicación y documentación.
Un caso con enorme repercusión política
La investigación tiene una dimensión política inevitable porque afecta directamente a la esposa del presidente Pedro Sánchez.
Precisamente por ello resulta especialmente importante separar los diferentes planos.
Una cosa son los hechos investigados y las resoluciones judiciales; otra, las acusaciones formuladas por las partes; y una tercera, las consecuencias políticas que oposición y Gobierno extraigan del procedimiento.
El principio de presunción de inocencia continúa plenamente vigente mientras no exista una sentencia firme.
Al mismo tiempo, el hecho de que el procedimiento avance obliga a esclarecer cuestiones particularmente sensibles cuando están implicados recursos públicos, una universidad pública y personal financiado por la Administración.
El caso Begoña Gómez entra en una fase decisiva
El software de la Universidad Complutense se convierte así en uno de los puntos centrales sobre los que la acusación pretende construir su tesis de malversación.
La acusación sostiene que un activo desarrollado dentro de la cátedra y que, según su interpretación, debía permanecer vinculado a la UCM terminó proyectándose hacia la esfera privada de Begoña Gómez.
La resolución de la Audiencia Provincial citada en el procedimiento permite que esa hipótesis continúe siendo examinada judicialmente pese a que Gómez no tuviera la condición ordinaria de funcionaria pública.
Ahora corresponderá al tribunal determinar si esas acusaciones quedan demostradas.
Hasta entonces, Begoña Gómez debe ser considerada inocente, pero el procedimiento abre una cuestión de indudable interés público: si recursos vinculados a una universidad pública fueron utilizados correctamente o terminaron beneficiando intereses privados.
