Crisis en la educación

La investigación judicial del asesinato de un menor en Sevilla descarta responsabilidades del centro educativo pese a las dudas sobre el control del alumnado y el uso de móviles en horario escolar.

La justicia descarta responsabilidades del instituto

La juez que instruye el caso del asesinato de Aarón Muñoz Centeno, el joven de 17 años apuñalado mortalmente el 8 de enero de 2025 a la salida del IES Gerena (Sevilla), ha concluido que ni el director ni el jefe de estudios tienen responsabilidad alguna en los hechos.

Según el auto judicial, los responsables del centro son “ajenos a los hechos, sin implicación ni por acción ni por omisión”, una decisión que respalda la postura previa de la Fiscalía de Sevilla, que ya se había opuesto a su imputación.

Esta resolución supone un duro revés para la familia de la víctima, que había denunciado una supuesta “falta de diligencia” y “culpa in vigilando” por parte del centro educativo.

Mensajes, móviles y una agresión planificada

Uno de los puntos más polémicos del caso gira en torno al uso de teléfonos móviles dentro del instituto. Según la investigación de la Guardia Civil, la agresión pudo haberse gestado durante el horario escolar mediante conversaciones entre alumnos.

En concreto, el atestado revela que la novia del presunto asesino habría instado a éste a atacar a Aarón, llegando incluso a sugerir un “pinchazo” en mensajes analizados por los investigadores.

La denuncia familiar sostiene que estos intercambios se produjeron dentro del centro educativo y en pleno horario lectivo, lo que, a su juicio, evidencia un fallo grave en la supervisión por parte del profesorado.

El debate sobre el control en las aulas

El caso ha reabierto el debate sobre la autoridad en los centros educativos. La familia recuerda que existe una instrucción de la Junta de Andalucía (diciembre de 2023) que establece que los móviles deben permanecer “apagados y fuera de la vista” durante las clases.

Sin embargo, los hechos reflejados en la investigación apuntan a que los alumnos habrían utilizado sus dispositivos con normalidad, incluso para coordinar una agresión violenta.

A pesar de ello, la Fiscalía considera que no hay pruebas suficientes para afirmar que el centro conociera el riesgo o pudiera haber evitado el crimen, subrayando que:

Los hechos no ocurrieron dentro del recinto escolar
No consta conocimiento previo del peligro por parte de la dirección
No se acredita una omisión equiparable a causar el resultado

Una absolución que genera controversia

La decisión judicial deja en el aire una cuestión clave: ¿hasta qué punto son responsables los centros educativos de lo que ocurre entre sus alumnos?

Mientras la justicia limita la responsabilidad a los autores directos, el caso pone el foco en un sistema educativo donde, según denuncian algunos sectores, la autoridad del profesorado está cada vez más debilitada y las normas, como la prohibición de móviles, no siempre se aplican con rigor.

El crimen de Gerena no solo es un caso penal: es también el reflejo de un problema más amplio sobre disciplina, convivencia y prevención en las aulas españolas.