Lo que prometía ser un mercado navideño al estilo centroeuropeo ha acabado convertido en un escándalo administrativo y económico. El Ayuntamiento de A Coruña ha decidido pasar a la ofensiva contra la empresa adjudicataria tras constatar múltiples incumplimientos.
Un expediente por incumplimientos “muy graves”
El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado un expediente sancionador formal contra la empresa NC7Events, adjudicataria del mercado navideño instalado en la emblemática plaza de María Pita durante la campaña 2025-2026.
Según el consistorio, los hechos detectados son de una gravedad notable:
- Deficiencias estructurales en las casetas, con problemas de estabilidad y estanqueidad.
- Fallas en la instalación eléctrica, poniendo en riesgo la seguridad.
- Ausencia de certificados técnicos obligatorios.
- Incumplimientos reiterados en materia de seguridad.
- Decoración deficiente, incompatible con la estética navideña prometida.
Pero el problema no se queda ahí. La empresa no alcanzó el mínimo de 50 casetas exigidas, ni cumplió con las 20 adicionales ofertadas en su propuesta.
Promesas incumplidas: menos puestos y sin animación
El proyecto fue vendido como una experiencia navideña de alto nivel, pero la realidad distó mucho de lo prometido.
El expediente recoge que no se ejecutó la programación mínima de dinamización, que incluía:
- Animación y talleres diarios.
- Pasacalles obligatorios los sábados.
- Actividades infantiles adicionales ofertadas por la empresa.
Tampoco se instalaron elementos clave anunciados como reclamo, entre ellos un supuesto “paseo espectacular con alfombra roja y bastones de caramelo”, que nunca llegó a materializarse.
Más de 50.000 € reclamados: sanciones e indemnizaciones
El gobierno local ha decidido actuar con contundencia económica. La sanción se desglosa en:
- 3.000 € de multa directa (10 % del importe ofertado).
- 50.206 € en concepto de daños y perjuicios, derivados de la intervención municipal para salvar el evento.
Esta cuantía incluye:
- 18.089,50 € en decoración de casetas.
- 17.121,50 € en dinamización (incluida la caseta de Papá Noel).
- 14.995 € en instalación eléctrica.
En total, el coste del fracaso supera ampliamente lo inicialmente previsto, obligando al Ayuntamiento a intervenir con recursos públicos para evitar un colapso mayor.
Castigo ejemplar: veto durante tres años
Más allá del impacto económico, el consistorio ha impuesto una medida contundente:
- Prohibición de contratar con el Ayuntamiento durante tres años.
- Advertencia de no renovación del contrato para futuras ediciones.
No obstante, se contempla una reducción del 20 % de la sanción si la empresa reconoce su responsabilidad, y otro 20 % adicional si paga de forma anticipada.
Un proyecto fallido que indigna a comerciantes y vecinos
El mercado, anunciado como un referente navideño “al estilo centroeuropeo”, terminó generando una oleada de críticas.
Durante su funcionamiento, entre el 28 de noviembre y el 2 de enero, se produjeron situaciones que evidenciaron el fracaso:
- Más de un tercio de los puestos cerraron antes de tiempo.
- Visitantes denunciaron en redes sociales la falta de ambientación y calidad.
- Comerciantes calificaron la iniciativa como poco rentable y mal organizada.
El propio Ayuntamiento reconoció que el resultado no cumplió las expectativas ni en términos turísticos ni comerciales.
Giro para 2026: más control público
Tras el fiasco, el gobierno local ya ha anunciado cambios para futuras ediciones. La intención es aplicar un modelo con:
- Mayor control municipal sobre la ejecución.
- Más garantías para comerciantes.
- Supervisión directa del cumplimiento contractual.
Este cambio refleja un problema de fondo: la externalización sin control efectivo puede derivar en costes elevados para el contribuyente.
Un caso que reabre el debate sobre la gestión pública
Lo ocurrido en A Coruña vuelve a poner sobre la mesa una cuestión clave:
¿Hasta qué punto las administraciones están supervisando correctamente los contratos públicos?
Cuando un evento diseñado para dinamizar la economía local termina en pérdidas, sanciones y descrédito institucional, la responsabilidad no solo recae en la empresa adjudicataria.
También evidencia posibles fallos en los mecanismos de control previos y durante la ejecución.
¿Estamos ante un caso aislado o ante otro ejemplo de mala gestión que acaba pagando el ciudadano?
Chollones
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