La nueva ordenanza impulsada por el Ayuntamiento de A Coruña ha desatado un fuerte choque con el sector hostelero, que alerta de pérdidas económicas, arbitrariedad administrativa y restricciones que amenazan cientos de empleos.
Lo que comenzó como una regulación urbanística para reorganizar las terrazas tras la pandemia se ha convertido en un nuevo foco de tensión política y económica en Galicia. Los propietarios de bares y restaurantes denuncian que el gobierno municipal está imponiendo una normativa “ambigua” y “restrictiva” que podría acabar asfixiando a muchos negocios en pleno contexto de subida de costes, inflación y caída del consumo.
La polémica ya divide a vecinos, empresarios y asociaciones del sector, especialmente en zonas emblemáticas como María Pita o Emilia Pardo Bazán, donde las terrazas se multiplicaron tras el covid y transformaron por completo el modelo de ocio urbano.
Los hosteleros cargan contra una norma “ambigua” y discrecional
La nueva ordenanza de terrazas de A Coruña, aprobada inicialmente en febrero y todavía pendiente de aprobación definitiva, ha encendido las alarmas entre los empresarios de hostelería. El principal motivo: la supuesta “inseguridad jurídica” que genera el texto actual.
El presidente provincial del sector hostelero, Héctor Cañete, ha advertido de que muchos aspectos de la regulación quedan abiertos a la interpretación de los funcionarios municipales, algo que —según denuncia— podría provocar decisiones arbitrarias a la hora de conceder o retirar licencias.
El conflicto se centra especialmente en las terrazas instaladas sobre plazas de aparcamiento, una fórmula que se disparó durante la pandemia y que ahora el Ayuntamiento pretende limitar de forma severa.
La futura normativa establece que únicamente podrán mantenerse aquellas terrazas que cumplan varios requisitos simultáneos:
- Cerramientos estables
- Calles de un máximo de dos carriles
- Velocidad limitada a 30 kilómetros por hora
- Aceras inferiores a 2,5 metros de ancho
Para numerosos empresarios, estas condiciones dejan fuera a gran parte de los establecimientos que durante años han invertido miles de euros en adaptar sus espacios exteriores.
El sector recuerda que las terrazas sostienen empleo y actividad económica
Los hosteleros afectados sostienen que las terrazas no son un simple complemento estético, sino una herramienta clave para mantener la viabilidad económica de muchos locales.
Un empresario de la zona de Emilia Pardo Bazán, uno de los puntos con mayor concentración de terrazas de A Coruña, recuerda que el sector paga importantes tasas municipales por ocupar espacio público.
“Pagamos miles de euros al año por cada terraza”, explican desde varios negocios afectados, insistiendo en que la ampliación de mesas permitió salvar empleos durante y después de la pandemia.
Además, alertan de que reducir drásticamente estos espacios podría traducirse en:
- Menos contratación
- Cierre de negocios pequeños
- Pérdida de actividad comercial
- Menor atractivo turístico y social en determinadas zonas
La hostelería gallega teme que el Ayuntamiento esté priorizando una visión burocrática y restrictiva frente a la realidad económica de uno de los sectores más castigados en los últimos años.
María Pita, epicentro de la nueva batalla política y urbana
El conflicto alcanza su máxima tensión en la plaza de María Pita, uno de los símbolos históricos y turísticos de A Coruña.
Los actuales cubículos cubiertos instalados hace más de dos décadas tienen fecha de caducidad y serán sustituidos por nuevas estructuras impulsadas por el Ayuntamiento. Sin embargo, los empresarios consideran que el modelo elegido es poco práctico y potencialmente peligroso para una ciudad marcada por el viento y la lluvia.
El presidente de la asociación Zona Comercial Obelisco y propietario de El Tequeño, Javier Pastoriza, ha sido uno de los más críticos con la propuesta municipal.
Según denuncia, el diseño inspirado en la plaza de la Constitución de San Sebastián plantea estructuras autoportantes y toldos plegables que podrían resultar ineficaces en condiciones meteorológicas adversas.
Los hosteleros advierten de que:
- Las instalaciones podrían ser inestables con temporal
- Muchos negocios se verían obligados a cerrar en días de lluvia o viento
- Los clientes quedarían expuestos a riesgos de seguridad
- Las pérdidas económicas serían constantes durante gran parte del año
Por ello, el sector reclama abrir una negociación técnica real antes de ejecutar el cambio definitivo.
Vecinos apoyan las restricciones y denuncian suciedad y saturación
No toda la ciudad está del lado de la hostelería. Algunas asociaciones vecinales respaldan el endurecimiento de la normativa y consideran que las terrazas crecieron sin control desde la pandemia.
Desde colectivos vecinales de zonas como Cuatro Caminos denuncian:
- Saturación del espacio público
- Incremento de ruido nocturno
- Acumulación de colillas y suciedad
- Dificultades de movilidad peatonal
El debate vuelve así a enfrentar dos modelos de ciudad:
- Una visión que prioriza la actividad económica y el ocio
- Otra que reclama mayor orden urbano y control administrativo
El Ayuntamiento, bajo presión por una ordenanza que amenaza con judicializarse
La nueva regulación todavía debe regresar al pleno municipal para su aprobación definitiva, pero el nivel de tensión ya anticipa un escenario complejo.
Diversos empresarios no descartan acudir a los tribunales si consideran que la ordenanza vulnera principios básicos de seguridad jurídica o igualdad de trato.
La controversia llega además en un momento especialmente delicado para la hostelería española:
- Subida del precio de la energía
- Aumento de salarios y cotizaciones
- Inflación en alimentos y bebidas
- Descenso progresivo del consumo en restauración
Muchos empresarios interpretan que la nueva normativa representa otro golpe burocrático contra un sector que todavía no se ha recuperado completamente del impacto económico del covid.
Un debate que trasciende las terrazas
La batalla de las terrazas en A Coruña refleja un conflicto cada vez más habitual en muchas ciudades españolas: el choque entre regulación pública, convivencia vecinal y supervivencia económica.
Mientras el Ayuntamiento defiende la necesidad de ordenar el espacio urbano, los hosteleros denuncian que las administraciones están imponiendo restricciones sin ofrecer soluciones reales ni seguridad a quienes generan empleo y pagan impuestos.
La pregunta que sobrevuela el debate es cada vez más evidente: ¿se está castigando al pequeño empresario mientras las administraciones multiplican la presión normativa sobre quienes sostienen buena parte de la economía local?
