La Justicia de Galicia ha avalado de forma contundente el despido de una trabajadora que elaboró tiques de devolución falsos en una empresa de productos agrícolas de Marín, confirmando que no se vulneraron sus derechos constitucionales. La sentencia evidencia el creciente control sobre fraudes internos y la defensa de los intereses empresariales frente a irregularidades en el ámbito laboral.
Falsificación de devoluciones: el fraude que terminó en despido
El caso se remonta a junio-agosto de 2024, cuando la empleada confeccionó facturas y tiques ficticios de devolución de mercancías, principalmente sacos de patatas, pero también sacos de picón, insecticidas y hasta el mango de una azada, sin que los clientes hubieran realizado devolución alguna.
Además, se comprobó que la trabajadora retiraba patatas y cebollas de la tienda sin pagarlas hasta el 1 de agosto, aunque la empresa había tolerado temporalmente estas extracciones. La investigación interna contó con la contratación de un detective privado, aunque la resolución judicial se basó en las facturas falsas, mensajes de WhatsApp y declaraciones de la propia trabajadora, dejando de lado las grabaciones de seguridad como prueba directa.
Derechos constitucionales y uso de videovigilancia
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aclaró que la conservación y entrega de imágenes de seguridad a un investigador no vulnera derechos fundamentales: la trabajadora conocía la instalación de las cámaras en áreas públicas, y la finalidad era únicamente controlar irregularidades laborales y sustentar un procedimiento disciplinario.
La sentencia destaca que incluso si existiera alguna infracción de la Ley de Protección de Datos, esta tendría carácter administrativo, sin alcance constitucional, y podría ser denunciada ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Sin prescripción ni impunidad
Los magistrados también rechazaron que la falta grave que motivó el despido hubiera prescrito, reafirmando la legalidad de la decisión empresarial. Aún cabe recurso de casación para unificación de doctrina, pero la resolución refuerza el mensaje de tolerancia cero hacia fraudes internos y manipulaciones documentales en empresas privadas.
La sentencia deja un precedente claro: la protección de la empresa frente a fraudes internos prevalece sobre interpretaciones amplias de derechos constitucionales, marcando un hito en la defensa legal del empleo y la propiedad empresarial en Galicia.
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