El caso ha generado una fuerte polémica en la localidad gallega de Cee. Una trabajadora con años de experiencia ha sido despedida apenas un día después de que el Concello decidiera asumir una deuda que supera los 118 000 euros vinculada a la explotación de los cines del centro comercial Finis Terrae.

Lo ocurrido ha desatado indignación entre vecinos y redes sociales, especialmente porque el dinero público destinado a esta operación procede de partidas de gasto corriente municipal, mientras la empresa privada implicada continúa tomando decisiones laborales internas de alto impacto.


Un despido que llega justo después del pago municipal

La empresa Novogil, con sede en Vigo y encargada de la gestión de las salas de cine del complejo Finis Terrae, comunicó el despido de una empleada con larga trayectoria en el puesto el pasado martes.

Este movimiento se produjo tan solo 24 horas después de que el pleno del Concello de Cee aprobara levantar el reparo de intervención para proceder al pago de 74 025 euros pendientes a la comunidad de propietarios. Esta cifra se suma a otros 44 415 euros ya abonados previamente, lo que eleva el esfuerzo económico total municipal a más de 118 000 euros.


Una deuda prolongada desde 2023

Según la información municipal, la empresa arrastraba impagos desde principios de 2023, con una contribución superior a los 2 400 euros. A pesar de ello, sí habría continuado abonando el alquiler mensual de aproximadamente 400 euros al Concello, propietario de los locales.

Este desequilibrio financiero ha generado críticas sobre la gestión del complejo y sobre la carga que finalmente han asumido los contribuyentes de Cee para sostener la viabilidad del espacio comercial y de ocio.


Indignación social por el uso del dinero público

El despido ha provocado un notable malestar en la zona. La trabajadora afectada es de la comarca, lo que ha intensificado la reacción vecinal y la percepción de injusticia.

En redes sociales, numerosos usuarios cuestionan que los ciudadanos de Cee asuman una deuda superior a 118 000 euros, mientras la empresa concesionaria adopta decisiones laborales que afectan directamente al empleo local.

El caso ha reabierto el debate sobre la gestión de infraestructuras públicas en régimen de explotación privada y sobre el riesgo de que los ayuntamientos terminen absorbiendo responsabilidades económicas ajenas.


Reunión clave sobre el futuro del complejo Finis Terrae

Paralelamente, el Concello de Cee ha convocado una reunión con los propietarios de locales del centro comercial Finis Terrae para el próximo 28 de junio.

El objetivo es doble:

  • Estudiar una posible reducción de las cuotas comunitarias para facilitar la continuidad de los cines.
  • Analizar las cuentas del complejo, ya que según la alcaldesa no se presentan con regularidad desde hace años.

El Concello posee aproximadamente el 40 % del centro comercial y gestiona directamente parte del inmueble desde 2019, aunque no asume el pago de la comunidad correspondiente a los cines.


Un modelo de gestión bajo la lupa

El caso de los cines de Cee pone de nuevo en el foco el modelo de colaboración entre administración pública y empresas privadas en pequeños municipios.

La situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad económica del proyecto y sobre si la intervención municipal está sirviendo para estabilizar el servicio o, por el contrario, está trasladando al contribuyente riesgos empresariales que deberían recaer en la compañía explotadora.

Mientras tanto, la comunidad local observa con preocupación cómo un espacio cultural y de ocio se convierte en escenario de conflicto económico y laboral.

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