Una mujer ha sido detenida en Barcelona acusada de estafar al menos 360.000 euros a más de treinta personas mediante una supuesta inmobiliaria que en realidad no existía. Según la investigación de los Mossos d’Esquadra, la arrestada operó desde 2013 utilizando un portal inmobiliario falso para captar a compradores y arrendatarios, a quienes solicitaba arras de compraventa y fianzas de alquiler antes de desaparecer con el dinero.
Las primeras denuncias que destaparon el caso se registraron en 2024 en Sabadell y en distintas localidades del Baix Llobregat. Las víctimas aseguraban haber contactado con una agente inmobiliaria aparentemente legítima, que ofrecía viviendas en venta o alquiler. Tras realizar las transferencias para formalizar contratos, la supuesta intermediaria cortaba toda comunicación.
Libertad con cargos y nueva detención
En un primer operativo en Gavà, la mujer fue detenida, aunque quedó en libertad con cargos por decisión judicial. Según los investigadores, esa circunstancia le permitió continuar con su actividad fraudulenta.
Posteriormente, un nuevo dispositivo policial en Barcelona culminó con su reingreso en prisión a principios de febrero, después de que se acumularan nuevas denuncias por un importe adicional de 110.000 euros.
Víctimas vulnerables y viviendas inexistentes
El modus operandi consistía en crear un portal inmobiliario que aparentaba profesionalidad y solvencia, concertar reuniones con las víctimas y aprovechar, en muchos casos, su situación de vulnerabilidad. Ninguno de los inmuebles ofertados pertenecía realmente a la detenida ni estaban disponibles para su comercialización.
Aunque muchas estafas correspondían a fianzas de alquiler por cantidades relativamente pequeñas, uno de los casos más graves supuso la pérdida de 70.000 euros en una falsa operación de compraventa.
Los Mossos no descartan que la arrestada contara con colaboradores, ya que algunas víctimas mencionaron la participación de otras personas cuya implicación continúa bajo investigación.
Investigación abierta
Hasta el momento, se han contabilizado 34 víctimas y un perjuicio económico total de 360.000 euros, aunque la cifra podría aumentar a medida que se presenten nuevas denuncias. Tras el ingreso en prisión de la sospechosa, se han registrado siete denuncias adicionales por un importe de 14.000 euros.
La investigación sigue abierta con el objetivo de determinar el alcance total del fraude y esclarecer si hubo más implicados en la trama.