El incendio forestal declarado en Burgohondo (Ávila), uno de los más graves registrados este verano en Castilla y León, podría haberse originado por una imprudencia grave durante unos trabajos con maquinaria pesada. La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha detenido a una persona e investiga a otra como presuntas responsables del fuego, que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia y ha provocado importantes daños ambientales.
La investigación, desarrollada conjuntamente con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, apunta a que el incendio se inició durante el uso de maquinaria en una zona forestal en la que este tipo de trabajos estaba prohibido debido al elevado riesgo de incendios.
Una investigación apunta a una imprudencia grave
Las primeras diligencias indican que los trabajos se realizaban incumpliendo las restricciones vigentes para jornadas de riesgo extremo de incendios forestales.
Según la investigación, los implicados habrían utilizado maquinaria pesada sin la autorización exigida por la normativa autonómica y sin disponer de los medios de extinción obligatorios para este tipo de actividades.
Los especialistas consideran que las chispas generadas durante los trabajos pudieron provocar la ignición de la vegetación seca, favorecida por las altas temperaturas, el viento y la escasa humedad existente en la zona.
Delitos investigados
A los dos implicados se les atribuye, de forma provisional, la presunta comisión de un delito de incendio forestal y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Las diligencias serán remitidas al Juzgado de Instrucción competente y a la Fiscalía de Medio Ambiente, que determinarán la continuidad del procedimiento judicial.
Conviene recordar que los investigados gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.
Un incendio de enormes dimensiones
El incendio de Burgohondo ha obligado a movilizar a cientos de profesionales de diferentes administraciones para intentar contener unas llamas favorecidas por unas condiciones meteorológicas especialmente adversas.
Durante las labores de extinción han participado efectivos de:
- La Unidad Militar de Emergencias (UME).
- Bomberos forestales de Castilla y León.
- Agentes medioambientales.
- Guardia Civil.
- Medios aéreos nacionales e internacionales.
- Equipos de Protección Civil.
La evolución del incendio llevó a activar el máximo nivel operativo previsto para este tipo de emergencias, dada la amenaza para la población y la magnitud del frente de llamas.
Más de 9 000 hectáreas afectadas
Las estimaciones provisionales sitúan la superficie calcinada en más de 9 000 hectáreas, aunque la cifra definitiva se conocerá una vez concluyan los trabajos de medición sobre el terreno.
Además del importante impacto ambiental, el fuego ha obligado a adoptar medidas de protección para varios municipios cercanos, con desalojos preventivos, restricciones de movilidad y un amplio despliegue de recursos para garantizar la seguridad de la población.
Los técnicos deberán evaluar ahora los daños ocasionados sobre la masa forestal, la fauna, la biodiversidad y las explotaciones agrícolas afectadas.
La importancia de respetar las restricciones
Las autoridades recuerdan que durante los episodios de riesgo extremo de incendios queda prohibida la realización de numerosos trabajos con maquinaria susceptible de generar chispas o fuentes de calor.
Estas limitaciones tienen como objetivo evitar incendios en un contexto climático marcado por temperaturas elevadas, vegetación seca y fuertes rachas de viento, factores que pueden convertir una pequeña ignición en un gran incendio forestal en cuestión de minutos.
La investigación continúa abierta para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el origen del fuego y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.
