Los votos de ERC vuelven a ser clave para Pedro Sánchez, que sigue sin Presupuestos y utiliza el reparto autonómico como herramienta política
El Gobierno ha iniciado el año 2026 utilizando el nuevo modelo de financiación autonómica como un instrumento político para apuntalar su frágil mayoría parlamentaria y frenar la pérdida de apoyo electoral del PSOE. Tras el duro revés sufrido en Extremadura y en un contexto marcado por los escándalos de corrupción y desgaste interno, el Ejecutivo ha optado por una estrategia que combina concesiones al independentismo catalán con un reparto desigual de recursos entre comunidades autónomas.
Bajo la dirección de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el nuevo modelo se presenta oficialmente como “justo y equilibrado”, pero en la práctica consolida los privilegios económicos de Cataluña, principal socio de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los votos de ERC siguen siendo determinantes para la supervivencia del Ejecutivo, que continúa sin lograr aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Cesiones políticas envueltas en financiación
La renovación del sistema de financiación autonómica llega tras meses de retrasos y negociaciones discretas en el Palacio de la Moncloa. El acuerdo se ha cocinado de forma bilateral entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, pese a su inhabilitación judicial, convirtiendo el reparto de fondos públicos en una moneda de cambio política.
Mientras Cataluña recibirá 4.700 millones de euros adicionales, comunidades como Aragón apenas percibirán 629 millones, según los propios cálculos del Ministerio de Hacienda. Esta diferencia ha intensificado las críticas por el trato desigual entre territorios y ha alimentado el malestar en regiones gobernadas tanto por el PP como por el PSOE.
Montero se refuerza, el PSOE se divide
El nuevo modelo no solo busca blindar la legislatura, sino también fortalecer la figura de María Jesús Montero como candidata socialista en Andalucía. Colocar a esta comunidad entre las principales beneficiarias del reparto permite a la vicepresidenta presentarse como garante de mayores recursos, utilizando la financiación autonómica como palanca electoral.
No ocurre lo mismo con otros dirigentes socialistas autonómicos. En Aragón, por ejemplo, la candidata Pilar Alegría afronta las elecciones del próximo 8 de febrero con un reparto claramente desfavorable, lo que ha generado tensiones internas dentro del partido.
Cataluña marca la agenda
Desde el Gobierno no se oculta que la estrategia está diseñada para satisfacer al independentismo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reconoció abiertamente que Cataluña lidera este tipo de debates, asumiendo como normal que la financiación del conjunto de comunidades se negocie primero con el Govern catalán.
“El sistema beneficia a todas las comunidades”, insiste el Ejecutivo, aunque admite que Cataluña será la más favorecida. Un planteamiento que la oposición interpreta como un intento de blanquear privilegios históricos y consolidar una negociación asimétrica dentro del Estado.
El PP, en el punto de mira
Además, el Gobierno busca trasladar la presión política a las comunidades gobernadas por el PP, forzando a sus presidentes autonómicos a rechazar públicamente un aumento de recursos para servicios públicos. De este modo, Moncloa pretende convertir el reparto económico en un arma de desgaste político mientras utiliza las arcas del Estado como herramienta de supervivencia parlamentaria.
Con los Presupuestos bloqueados y una legislatura cada vez más dependiente de los independentistas, el nuevo modelo de financiación se consolida como el principal instrumento del Gobierno para ganar tiempo, mantener apoyos y contener una sangría electoral que amenaza seriamente la estabilidad del PSOE.