Ferraz acusa al líder del PP de acudir a Ceuta para «echar gasolina a la crispación» después de que Feijóo reclamase el retorno de los inmigrantes llegados irregularmente desde Marruecos y exigiese al Gobierno asumir el mando de la crisis.
La crisis migratoria de Ceuta ha abierto un nuevo frente entre el PSOE y el Partido Popular. Los socialistas han respondido a la visita de Alberto Núñez Feijóo a la ciudad autónoma acusándole de utilizar la emergencia para «hacer campaña», buscar rédito partidista y alimentar la «crispación».
El enfrentamiento político llega después de que el presidente del PP exigiera desde Ceuta el retorno de quienes entraron irregularmente desde Marruecos el pasado 30 de julio, planteara que el Gobierno central asuma un «mando único» y anunciara que acudirá al Tribunal Supremo por la negativa de varios ministros a comparecer primero en el Senado.
Frente a estas reclamaciones, Ferraz ha centrado su respuesta en cuestionar las intenciones de Feijóo y el discurso del PP.
El PSOE acusa a Feijóo de «echar gasolina a la crispación»
El PSOE sostiene que la visita de Feijóo tuvo como objetivo «echar gasolina a la crispación» y «hacer campaña utilizando las instituciones» con «fines partidistas».
En un comunicado difundido después de la comparecencia del líder popular junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, los socialistas acusaron al PP de haberse subido nuevamente a la «ola del bulo y del miedo» mediante discursos que, según Ferraz, «alientan el odio».
La dureza de la respuesta socialista evidencia hasta qué punto Ceuta se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla política del final del verano.
La cuestión de fondo, sin embargo, continúa abierta: qué hacer con las personas que entraron irregularmente, qué responsabilidad corresponde al Estado, cómo gestionar a los menores y qué medidas deben adoptarse para impedir una nueva entrada masiva.
Feijóo reclama el retorno de los inmigrantes llegados irregularmente
Durante su visita, Feijóo defendió el retorno de «todos» los inmigrantes que entraron irregularmente desde Marruecos el 30 de julio, incluyendo a los menores de edad dentro de los procedimientos que legalmente correspondan.
Este último punto ha provocado una intensa controversia.
La legislación española e internacional establece garantías específicas para los menores extranjeros no acompañados, por lo que su eventual retorno no puede ejecutarse automáticamente por el mero hecho de haber entrado irregularmente. Debe analizarse individualmente la situación del menor y prevalecer su interés superior.
Por tanto, el debate político sobre las devoluciones debe distinguir entre la voluntad expresada por los partidos y los procedimientos y garantías exigidos por el ordenamiento jurídico.
Ferraz acusa al PP de explotar políticamente la emergencia
Los socialistas han ido más lejos y sostienen que Feijóo pretende «sacar rédito político de cada emergencia».
Según el PSOE, este planteamiento resulta incompatible con aspirar a gobernar una España «plural» y «humanitaria» que coloque los derechos humanos en el centro.
La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, también intervino en la ofensiva contra el presidente popular.
Torró aseguró que Feijóo «solo busca la foto» y calificó su posición de «patriotismo de hojalata», cuestionando que la visita tuviese como finalidad ayudar realmente a los ceutíes.
El PSOE intenta así trasladar el debate desde la gestión concreta de la emergencia migratoria hacia las motivaciones políticas del principal partido de la oposición.
Pero la estrategia también plantea una pregunta inevitable para el Ejecutivo: criticar el discurso de Feijóo no resuelve por sí mismo los problemas que afronta Ceuta.
El PP exige que el Gobierno asuma el «mando único»
Feijóo reclamó además al Ejecutivo central que asuma un «mando único» sobre la situación.
El PSOE rechazó este planteamiento y acusó al PP de intentar desprenderse de las responsabilidades correspondientes a las administraciones autonómicas cuando aparecen dificultades.
Ferraz relacionó este comportamiento con la gestión de otras emergencias, incluidos los incendios registrados durante el verano.
La comparación, sin embargo, no elimina la particularidad institucional de Ceuta ni el papel que desempeña el Estado en ámbitos fundamentales relacionados con fronteras, inmigración, seguridad exterior y relaciones con Marruecos.
Precisamente por ello, la crisis ha adquirido una dimensión nacional que trasciende las competencias ordinarias de una administración territorial.
Feijóo llevará al Supremo el conflicto por las comparecencias
La visita de Feijóo tuvo también una segunda vertiente: el control parlamentario del Gobierno.
El líder del PP anunció que su partido llevará al Tribunal Supremo la decisión de varios ministros de no acudir al Senado antes de comparecer en el Congreso.
El enfrentamiento tiene especial trascendencia porque el PP dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta, desde donde está intentando intensificar la fiscalización política del Ejecutivo por su actuación durante la crisis.
La controversia deja así de limitarse a la política migratoria y entra directamente en el terreno institucional: hasta dónde llega la obligación de los miembros del Gobierno de atender las solicitudes de comparecencia formuladas por el Senado.
Será el eventual recorrido jurídico de la iniciativa popular el que determine si existe fundamento suficiente para que el conflicto llegue efectivamente a los tribunales y qué consecuencias podría tener.
El PSOE responde hablando de Ayuso
En lugar de limitar su respuesta a Ceuta, Ferraz introdujo también en la disputa a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Los socialistas reclamaron a Feijóo explicaciones por lo que denominaron el «juego del Monopoly en Madrid» y por un supuesto «escándalo» relacionado con un ático valorado en 6,3 millones de euros.
El movimiento evidencia la estrategia política del PSOE: contrarrestar la presión del PP sobre la crisis migratoria trasladando el foco hacia controversias que afectan a dirigentes populares.
Sin embargo, ambos asuntos son políticamente independientes. Las polémicas madrileñas que invoque Ferraz no responden a las preguntas sobre lo ocurrido en la frontera de Ceuta, del mismo modo que los problemas de la gestión migratoria no eximen al PP de ofrecer explicaciones sobre cualquier cuestión que le afecte.
Ceuta exige respuestas más allá del intercambio de acusaciones
El problema para los dos grandes partidos es que, detrás de la batalla dialéctica, permanece una crisis que requiere decisiones administrativas, policiales, diplomáticas y migratorias concretas.
El PP intenta presentar a Feijóo como una alternativa que reclama control fronterizo, retornos y una intervención más contundente del Estado. El PSOE, por su parte, busca caracterizar esa estrategia como una explotación electoral del miedo y reivindica una respuesta basada en los derechos humanos.
Pero el debate público difícilmente puede reducirse a elegir entre ambas etiquetas.
Las preguntas esenciales siguen siendo cómo se produjo la entrada masiva del 30 de julio, qué mecanismos fallaron, cuántas personas permanecen en Ceuta, qué situación jurídica tiene cada una, qué ocurrirá con los menores y qué medidas está negociando España con Marruecos para evitar nuevos episodios similares.
Es ahí donde Gobierno y oposición deberían ofrecer datos verificables y propuestas concretas.
Mientras esas respuestas no ocupen el centro del debate, la crisis migratoria de Ceuta corre el riesgo de convertirse en otra guerra de consignas entre PSOE y PP, con una ciudad fronteriza soportando las consecuencias mientras Madrid discute sobre quién obtiene mayor beneficio político.
