El proceso de regularización masiva de inmigrantes en España, que ha recibido más de un millón de solicitudes, ha puesto de relieve diversas consecuencias, incluyendo la proliferación de mafias y actividades fraudulentas en relación con el empadronamiento de inmigrantes irregulares.
Uno de los casos más destacados se produjo a finales de diciembre de 2025 en Premiá de Mar, Barcelona, donde los Mossos d’Esquadra desarticularon una mafia que vendía empadronamientos falsos a extranjeros, cobrando entre 500 y 800 euros por documento. Los detenidos, que llegaron a acumular unos 100 000 euros, utilizaban contratos de alquiler falsos, usurpando la identidad de propietarios de inmuebles.
Por otro lado, en Santa Coloma de Gramenet, la Policía Nacional desmanteló un grupo criminal hace unos meses, arrestando a tres personas que ofrecían empadronamientos fraudulentos con un costo de entre 600 y 750 euros. Estos individuos proporcionaban volantes de empadronamiento que no correspondían a la residencia real de las víctimas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
En la provincia de Valencia, fueron detenidos dos hombres acusados de empadronar de manera irregular a ciudadanos extranjeros en un inmueble donde figuraban hasta 18 personas empadronadas, cobrando entre 150 y 800 euros por certificados de empadronamiento. Asimismo, en Linares, Jaén, 17 personas fueron arrestadas por empadronar a 21 extranjeros en una misma vivienda, con pagos superiores a 500 euros.
Finalmente, la Guardia Civil detuvo en mayo de 2026 a cuatro personas involucradas en la captación de ciudadanos extranjeros irregulares, facilitándoles la documentación necesaria a cambio de entre 300 y 400 euros. En total, se registraron hasta 91 empadronamientos fraudulentos en una sola vivienda.
Estos ejemplos evidencian cómo la regularización masiva ha generado un entorno propicio para que mafias aprovechen la vulnerabilidad de inmigrantes en situaciones irregulares, transformando el empadronamiento en una actividad delictiva.
