La Universidade de Santiago afronta una crisis interna sin precedentes tras dejar escapar 25 contratos Ramón y Cajal financiados por el Estado. La rectora ya ha abierto una investigación para depurar responsabilidades mientras crece el daño reputacional de una institución clave en Galicia.
La USC admite un fallo grave que deja fuera a 25 investigadores
Lo que ha ocurrido en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos recientes de gestión universitaria en Galicia. La institución perdió la posibilidad de incorporar a 25 investigadores del prestigioso programa Ramón y Cajal, además de renunciar indirectamente a una financiación cercana a los 7 millones de euros procedentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La situación ha provocado una fuerte sacudida interna y un evidente desgaste institucional. La propia rectora de la USC, Rosa Crujeiras Casais, confirmó durante la constitución del nuevo Claustro universitario que el pasado 4 de mayo se abrió un procedimiento interno para investigar lo sucedido.
La dirigente académica aseguró que el objetivo es “esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y adoptar medidas para evitar que vuelva a repetirse”. Sus declaraciones evidencian que la USC ya asume que el problema no fue menor ni anecdótico.
Un error administrativo con consecuencias millonarias
La pérdida de estos contratos no solo afecta a la captación de talento científico, sino también a la imagen exterior de la universidad gallega. Los contratos Ramón y Cajal representan uno de los principales mecanismos estatales para atraer investigadores de alto nivel y consolidar carreras científicas en España.
La convocatoria correspondiente al año 2025 cerró el pasado 11 de diciembre, y la USC quedó fuera del proceso. Según confirmó la Agencia Estatal de Investigación, no habrá excepciones ni prórrogas para reincorporar a la universidad compostelana a la convocatoria.
Esto implica que la USC solo podría intentar recuperar parte de esos perfiles científicos mediante fondos propios, una alternativa especialmente complicada en un contexto de restricciones presupuestarias y elevada presión financiera sobre las universidades públicas.
La propia rectora reconoció el fuerte impacto reputacional de la situación, admitiendo que el problema afecta directamente a investigadores que pretendían incorporarse a la institución, así como a institutos y centros científicos que ya habían planificado futuras contrataciones.
Crece la presión política y académica
El caso amenaza con abrir un intenso debate sobre la gestión universitaria en Galicia y sobre el funcionamiento interno de una de las instituciones académicas más históricas de España.
Dentro del ámbito universitario ya comienzan a surgir preguntas incómodas:
- ¿Cómo pudo perderse una convocatoria estratégica de esta magnitud?
- ¿Quién supervisó los plazos administrativos?
- ¿Existieron negligencias internas?
- ¿Habrá consecuencias disciplinarias reales?
Aunque inicialmente desde la USC se intentó trasladar la idea de que no habría expedientes ni sanciones, el anuncio de una investigación reservada deja abierta la posibilidad de depurar responsabilidades políticas o técnicas.
La polémica también llega en un momento delicado para el sistema universitario gallego, marcado por debates sobre financiación, descentralización de titulaciones y deterioro de infraestructuras.
Presupuestos prorrogados y nuevas tensiones económicas
Durante la misma sesión claustral, Rosa Crujeiras confirmó además que el equipo rectoral trabajará con los presupuestos prorrogados de 2026, una decisión que evidencia las dificultades financieras y de planificación que atraviesa la institución.
La USC prevé presentar a finales de año sus nuevas estrategias económicas y presupuestarias de cara a las negociaciones con la Xunta para 2027. Mientras tanto, la universidad tendrá que afrontar inversiones pendientes y retrasos relevantes.
Entre ellos destaca la demora en la construcción de la primera fase de la Cidade da Saúde, vinculada a la futura Facultade de Farmacia.
La rectora también reconoció la necesidad urgente de actuar sobre la red de residencias públicas universitarias, especialmente en:
- San Clemente
- Monte da Condesa
- Burgo das Nacións
Más incertidumbre en Medicina y Trabajo Social
La sesión del Claustro también dejó otras decisiones polémicas. La USC confirmó que el grado de Traballo Social no se integrará finalmente en la oferta académica para el curso 2026-2027.
Además, continúa generando controversia el proceso de descentralización del grado de Medicina, actualmente en fase de estudio mediante grupos de trabajo centrados en cuestiones jurídicas y económicas.
En paralelo, el valedor universitario, Miguel Alcaraz, informó de un aumento significativo de consultas y reclamaciones dentro de la comunidad universitaria, con 99 quejas registradas.
Un golpe a la credibilidad de la universidad gallega
La pérdida de 25 contratos científicos estratégicos no es únicamente un problema administrativo. Supone un golpe directo a la competitividad investigadora de Galicia y a la capacidad de la USC para atraer talento internacional.
En plena carrera global por captar científicos, innovación y financiación europea, errores de esta magnitud pueden tener consecuencias duraderas sobre la credibilidad institucional.
La investigación interna ahora deberá aclarar si todo se debió a una cadena de fallos burocráticos o si existieron responsabilidades más profundas dentro de la estructura universitaria.
Porque la gran pregunta que sobrevuela Santiago ya no es solo cómo se perdieron 7 millones de euros públicos, sino si alguien asumirá realmente las consecuencias políticas y académicas de este fracaso.
