Lo que se presenta como un proyecto de “movilidad sostenible” en Noia abre también un escenario sensible: 33 parcelas afectadas por expropiaciones y una inversión pública de 1,6 millones de euros impulsada por la Xunta de Galicia.
La actuación, que busca conectar distintos núcleos mediante una senda peatonal y ciclista junto a la carretera AC-550, ya ha sido aprobada de forma provisional y entrará en fase de información pública este viernes. Sin embargo, el proyecto no está exento de debate: mientras la administración defiende su utilidad, los propietarios afectados se enfrentan a un proceso expropiatorio que vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre interés público y propiedad privada.
Proyecto de la Xunta en la AC-550: movilidad y controversia
El plan, promovido por la Xunta de Galicia, ha sido presentado como una infraestructura clave para mejorar la seguridad vial en el entorno de Noia.
Durante la visita institucional, la delegada territorial Belén do Campo subrayó que la actuación responde a una demanda vecinal histórica para mejorar la conexión entre Noia, Taramancos y Boa.
El proyecto se desarrolla sobre la carretera AC-550, uno de los ejes de comunicación más transitados de la zona, donde la coexistencia entre tráfico rodado, peatones y ciclistas ha generado durante años problemas de seguridad.
33 parcelas expropiadas: el punto más polémico
Uno de los aspectos más controvertidos del plan es la necesidad de expropiar 33 parcelas privadas, un proceso que se activará durante el periodo de exposición pública de 30 días.
Aunque la administración autonómica defiende que se trata de una intervención de interés general, el procedimiento reabre el debate sobre el impacto real de este tipo de proyectos en la propiedad privada y la planificación territorial.
Desde sectores críticos se cuestiona si la expansión de infraestructuras públicas está equilibrada con el respeto a los derechos de los propietarios, especialmente en zonas rurales donde cada parcela tiene un valor económico y familiar significativo.
Inversión de 1,6 millones y un calendario a largo plazo
La obra contará con una inversión superior a los 1,6 millones de euros y se ejecutará en dos tramos paralelos a la AC-550, con una longitud total de 1,6 kilómetros.
El calendario previsto es el siguiente:
- Tercer trimestre de 2026: aprobación definitiva del proyecto de trazado
- Finales de 2026: proyecto constructivo listo
- Posterior licitación y ejecución: con un plazo estimado de 10 meses
Este cronograma implica que la infraestructura no será una realidad inmediata, lo que alimenta críticas sobre la lentitud administrativa en la ejecución de obras públicas.
Diseño de la senda: seguridad y accesibilidad
La nueva infraestructura contempla una plataforma de uso compartido para peatones y ciclistas, con un ancho superior a los dos metros, además de medidas de accesibilidad específicas:
- Pavimentos podotáctiles en cruces y paradas de bus
- Señalización adaptada para personas con discapacidad visual
- Tramos elevados respecto al arcén para mayor seguridad
Según la Xunta, el objetivo es claro: reducir la siniestralidad en una vía con alta intensidad de tráfico.
Contexto político: inversión pública y presión territorial
La visita institucional contó también con la presencia de la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Infraestruturas, Begoña Freire, y el alcalde de Noia, Francisco Pérez.
El anuncio se produce en un contexto en el que la Xunta intenta reforzar su política de infraestructuras locales, mientras crecen las tensiones por el uso del suelo y la expansión de proyectos que requieren expropiaciones.
El medio original de referencia, La Voz de Galicia, detalla que el proyecto ya ha sido aprobado provisionalmente y avanza en su tramitación administrativa.
Reflexión final
La futura senda de Noia plantea una dualidad habitual en la obra pública: progreso frente a propiedad privada. Mientras el Gobierno autonómico defiende la mejora de la seguridad vial, los afectados por las expropiaciones observan cómo el desarrollo urbano vuelve a imponerse sobre la propiedad individual.
¿Es este el modelo de planificación que necesita el rural gallego o una nueva muestra de intervencionismo administrativo?
