La Fiscalía de Pontevedra ha decidido archivar las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia presentada por Movemento x Poio por el pago de tres sanciones por parte del Concello de Poio. El ministerio público concluye que no existe indicio alguno de delito de prevaricación administrativa, al considerar que la actuación del gobierno local estuvo debidamente motivada y dentro de la legalidad.
El caso, que había generado cierta polémica política en el municipio pontevedrés, queda ahora cerrado en vía fiscal, aunque no se descarta que los hechos puedan ser llevados a los tribunales por otras vías.
La Fiscalía no ve irregularidades: “actuación motivada y legal”
En su resolución, la Fiscalía de Pontevedra es clara: no aprecia que el Concello de Poio haya incurrido en ninguna irregularidad penal. Según el decreto, el reparo emitido por la interventora municipal era de “naturaleza meramente contable”, lo que no implica la existencia de delito.
Además, el ministerio público destaca que las decisiones adoptadas por la alcaldía estuvieron “razonadas y motivadas”, lo que impide calificarlas como arbitrarias o contrarias al ordenamiento jurídico.
En consecuencia, se descarta de forma taxativa la existencia de prevaricación administrativa, uno de los delitos más graves que se atribuían en la denuncia inicial.
El origen del conflicto: tres multas en la San Silvestre de 2024
El caso se remonta a la San Silvestre de 2024, cuando la Policía Local de Poio interpuso varias sanciones que posteriormente fueron objeto de controversia administrativa y política.
Según recoge el decreto fiscal, el Concello asumió el pago de estas multas “sin perjuicio del inicio de las acciones legales o administrativas oportunas” para revisar la procedencia de las sanciones.
Uno de los puntos que más peso ha tenido en la investigación es la propia actuación del cuerpo policial, ya que se mencionan posibles irregularidades operativas, como la ausencia de patrulla en determinados horarios o discrepancias en la cronología de las sanciones.
Dudas sobre la actuación policial y el contexto del expediente
La resolución también recoge argumentos del propio Concello de Poio, que apuntan a una posible actividad irregular de la Policía Local en el contexto de los hechos.
Entre los elementos analizados, se menciona que los agentes habrían abandonado el servicio en torno a las 13:52 horas del día del evento, así como la ausencia de patrullas en horario de tarde durante la jornada de la prueba.
Estos elementos, aunque no determinantes para una imputación penal, han sido considerados relevantes dentro del análisis global del expediente.
Caso cerrado en Fiscalía, pero no en los tribunales
Pese al archivo de las diligencias, la Fiscalía deja claro que esta decisión no impide que los hechos puedan ser denunciados ante la autoridad judicial competente.
Esto significa que el caso podría continuar por la vía contenciosa o penal si alguna de las partes decide recurrir o ampliar la denuncia.
Por ahora, el pronunciamiento fiscal supone un respaldo al posicionamiento del Concello de Poio, que defendía la legalidad de sus actuaciones frente a las acusaciones de la oposición.
Un nuevo episodio de tensión política local
Este archivo vuelve a poner sobre la mesa la tensión política en el municipio de Poio, donde la gestión administrativa y la actuación de los cuerpos municipales han sido objeto de debate en los últimos meses.
Aunque la Fiscalía no aprecia delito, el caso deja abierto un frente político sobre la interpretación de los procedimientos administrativos y el control del gasto público en el ámbito local.
Conclusión
La decisión de la Fiscalía de Pontevedra supone un revés para la denuncia presentada por Movemento x Poio, al descartar la existencia de prevaricación y validar la actuación del gobierno municipal en el pago de las multas.
Sin embargo, el asunto no queda completamente cerrado, y podría derivar en nuevos movimientos judiciales si alguna parte decide seguir adelante.
¿Estamos ante un simple conflicto administrativo mal interpretado o ante un nuevo ejemplo de choque político en la gestión municipal?
