La Fiscalía solicita 3 años y 10 meses de prisión para un trabajador del GES del Val Miñor por presuntas coacciones y lesiones psíquicas a superiores y compañeros, en un caso que destapa un grave conflicto laboral interno.
Fiscalía pide casi 4 años de cárcel a un miembro del GES del Val Miñor por un grave caso de acoso laboral
Lo que se juzga en la sala de lo penal de Vigo este martes podría evidenciar un serio problema de convivencia laboral en el seno del servicio público. La Fiscalía solicita 3 años y 10 meses de prisión para un miembro del GES del Val Miñor acusado de coacciones reiteradas, amenazas y lesiones psíquicas hacia superiores y compañeros de trabajo.
El acusado, que ejercía como peón en el servicio de emergencias del GES del Val Miñor, será juzgado en la sala de lo Penal 1 de Vigo, en un procedimiento que pone el foco en la conflictividad interna y la falta de control en determinados entornos laborales públicos.
Conductas reiteradas de hostigamiento y desafío a la autoridad
Según el escrito de la acusación, el trabajador mantuvo durante un periodo prolongado una actitud hostil, violenta y desafiante hacia sus superiores jerárquicos y compañeros.
Entre los comportamientos descritos destacan:
- Negarse de forma sistemática a cumplir órdenes de su coordinador.
- Incumplir protocolos de trabajo y desinfección.
- Rechazar la asistencia a reuniones obligatorias.
- Dirigirse a compañeros con expresiones graves como “os voy a quemar a todos aquí dentro” o “a ver si os morís todos”.
Además, el acusado llegó a deslegitimar a la delegada de personal afirmando que estaba en su puesto “por hacer favores”, lo que, según la Fiscalía, contribuyó a deteriorar aún más el clima laboral.
Un clima de tensión que obligó a intervenir a Inspección de Trabajo
La situación descrita no solo afectó a la dinámica interna del servicio, sino que generó consecuencias organizativas y sanitarias. La presión y el conflicto constante provocaron que:
- Se modificaran turnos de trabajo para evitar enfrentamientos.
- Interviniera la Inspección de Trabajo.
- Varios trabajadores sufrieran trastornos de ansiedad derivados del ambiente generado.
En concreto, la acusación señala que dos superiores y un compañero tuvieron que recibir atención por problemas psicológicos vinculados directamente con la conducta del procesado.
Delitos imputados y petición de condena
La Fiscalía considera que los hechos constituyen:
- Tres delitos de coacciones
- Dos delitos de lesiones psíquicas menos graves
- Un delito de lesiones
Por ello, solicita una condena total de 3 años y 10 meses de prisión, además de:
- Una multa de 810 euros.
- Indemnizaciones que suman 17 830 euros para las víctimas.
- Una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante 2 años con los trabajadores afectados.
Un caso que reabre el debate sobre el control interno en servicios públicos
Este procedimiento pone sobre la mesa un debate incómodo: la capacidad real de las administraciones para gestionar conflictos laborales graves dentro de servicios esenciales. La acumulación de denuncias por comportamientos intimidatorios, según la acusación, evidencia posibles fallos en los mecanismos de supervisión y prevención.
En un contexto donde los servicios de emergencias deben operar con máxima coordinación y disciplina, casos como este generan interrogantes sobre la eficacia de los protocolos internos y la respuesta institucional ante conductas disruptivas.
Más allá del juicio penal, el caso podría sentar un precedente sobre cómo abordar situaciones de acoso y violencia psicológica en entornos laborales públicos, especialmente cuando afectan al rendimiento y bienestar de equipos enteros.
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