Elma Saiz defiende la regularización extraordinaria de migrantes y evita valorar el desbordamiento de solicitudes hasta conocer el balance final del proceso.
El Ejecutivo evita hablar de desbordamiento
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido prudencia antes de valorar el volumen de solicitudes de regularización extraordinaria de migrantes, que ya habría alcanzado las 900 000 peticiones a falta de dos semanas para cerrar el plazo.
Saiz ha defendido que el proceso debe analizarse una vez concluido y ha insistido en que, «más allá de las cifras, estamos hablando de personas».
Regularización masiva bajo el foco político
La ministra sostiene que salir de la irregularidad beneficia a la sociedad, a las empresas y, especialmente, a quienes hasta ahora permanecían fuera del sistema administrativo.
Según Saiz, los solicitantes pasarán a ser visibles, con derechos y obligaciones.
Sin embargo, la magnitud del proceso reabre el debate sobre la capacidad del Estado para gestionar una regularización de esta escala y sobre sus efectos en el mercado laboral, los servicios públicos y la política migratoria.
El Gobierno reivindica la “justicia social”
Saiz aseguró que España debe dar respuesta al procedimiento y defendió que esta medida sitúa al país “a la cabeza de la justicia social en el mundo”.
El balance final será clave para medir el alcance real de una regularización que ya se perfila como una de las decisiones migratorias más relevantes del Gobierno.
