El propio Gobierno reconoce el problema: las pulseras antimaltrato no garantizan la protección efectiva cuando la orden de alejamiento es de solo 100 metros. La polémica vuelve a sacudir el sistema de protección a víctimas.
Un sistema que falla en distancias críticas
El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, ha admitido por escrito en el Congreso que los dispositivos telemáticos de vigilancia “no resultan operativos” en órdenes de alejamiento de 100 metros.
👉 El motivo es claro:
el margen de reacción de las fuerzas de seguridad es prácticamente inexistente.
Según el propio Ejecutivo:
- Si el agresor se desplaza en vehículo
- El tiempo de respuesta se reduce a apenas unos segundos
Esto hace que la intervención preventiva sea, en muchos casos, imposible.
Igualdad señala directamente a los jueces
Lejos de asumir toda la responsabilidad, el Ministerio ha cargado contra las decisiones judiciales:
“Las órdenes de alejamiento deben ser reales, no simbólicas”
Desde Igualdad se insiste en que la eficacia del sistema no depende solo de la tecnología, sino también de la distancia fijada por el juez.
Incluso se llegó a solicitar formalmente la ampliación de la distancia, al considerar que 100 metros no permiten garantizar la seguridad de la víctima.
Contradicción: había un equipo específico para estos casos
El reconocimiento del fallo abre una cuestión incómoda:
👉 la empresa adjudicataria tenía la obligación de gestionar precisamente estos casos.
El contrato incluía:
- Seguimiento de órdenes de alejamiento inferiores a 500 metros
- Personal específico para situaciones complejas
- Supervisión continua de los dispositivos
Sin embargo, el propio Gobierno reconoce ahora que, en la práctica, el sistema no cumple su función en distancias cortas.
Un caso real que destapa el problema
La polémica estalla tras un caso en Ibiza, donde un agresor:
- Incumplió la orden de alejamiento
- Entró en la vivienda de la víctima
- Y la pulsera no evitó la agresión
La víctima denunció que:
👉 “la pulsera no sonó”
Aunque el Gobierno sostiene que el sistema sí emitió alerta, admite que:
la distancia hacía imposible una respuesta eficaz.
Impacto: inseguridad, desconfianza y riesgo real
Este reconocimiento tiene consecuencias directas:
- Pone en duda la eficacia del sistema de protección
- Genera inseguridad en las víctimas
- Debilita la confianza en las medidas judiciales
- Expone un posible fallo estructural en la coordinación institucional
Además, abre un debate clave:
👉 ¿de qué sirve una medida de protección si no puede aplicarse en condiciones reales?
Un problema estructural del sistema
El caso revela un fallo más profundo:
- Tecnología limitada en situaciones reales
- Decisiones judiciales desconectadas de la operativa policial
- Contratos públicos que no garantizan resultados
Todo ello afecta directamente a uno de los pilares del sistema:
👉 la protección efectiva de las víctimas de violencia de género
Reflexión final
Cuando el propio Gobierno admite que una medida “no es operativa”, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político.
Porque no se trata solo de pulseras o distancias.
Se trata de si el sistema está diseñado para proteger de verdad… o solo para aparentarlo.
👉 Y la pregunta es inevitable:
¿Cuántas víctimas están realmente protegidas hoy en España?
