Los estragos de la inflación en España bajo el Gobierno de Sánchez
La inflación se mantiene como uno de los retos económicos más significativos para los hogares españoles, según el informe anual del Instituto Juan de Mariana. En 2025, el IPC se ha situado en torno al 3%, sugiriendo un aumento sostenido de precios muy por encima de lo recomendable para una economía con elevado desempleo estructural.
El incremento de precios ha sido más evidente en sectores clave, con aumentos cercanos al 6% en vivienda y suministros, y subidas de más del 30% en alimentos básicos como los huevos en el último año. Comparativamente, el IPC en España presenta un comportamiento superior en 25% respecto a la media de la Unión Europea, lo que ha llevado al país a alcanzar un alto índice de miseria, al combinar inflación y desempleo.
Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018, los precios han crecido 24,2%, en contraste con el 7,2% acumulado durante el mandato de Mariano Rajoy. Esto significa que 20 000 euros en julio de 2018 equivalen hoy a poco más de 15 000 euros, reflejando así una notable pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos.
El informe también señala que el aumento de precios ha sido notable en servicios esenciales como vivienda, agua y energía, que se han encarecido más del 20% bajo la administración actual, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas han visto incrementos superiores al 40%.
Por otro lado, aunque el volumen nominal de los depósitos bancarios ha aumentado en 253 865 millones de euros desde mediados de 2018, su valor real apenas ha crecido en 45 931 millones. Desde 2022, el valor real de los depósitos ha disminuido en 28 500 millones, afectando así la capacidad de ahorro de las familias.
A pesar de la proclamada intención del Gobierno de mejorar la distribución de riqueza, los datos indican que todos los hogares han sufrido pérdidas de poder adquisitivo, siendo las más severas en los de menor renta. La renta media en España apenas ha crecido un 0,5% anual en los últimos dos décadas, indicador que sitúa al país en una posición desfavorable dentro de la Unión Europea.