La Policía Nacional mantiene una orden para localizar al periodista y colaborador de EDA TV, Vito Quiles, después de que un juez dictara una orden de detención al no haberse presentado a una citación judicial relacionada con una de las distintas causas abiertas en su contra. El propio Quiles ha confirmado la situación y ha anunciado que se presentará voluntariamente este jueves en una comisaría de Madrid acompañado de su abogado.
El caso ha generado un fuerte debate político y mediático, ya que el comunicador sostiene que todo responde a una «persecución política» impulsada por el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que, por el momento, no se ha hecho pública la causa concreta que ha motivado la orden judicial.
La Policía acudió a la sede de EDA TV sin localizarle
Según ha trascendido, agentes de la Policía Nacional acudieron a la sede de EDA TV, donde colabora habitualmente Vito Quiles, aunque no lograron encontrarle.
El despacho del abogado Juan Gonzalo Ospina, que representa al periodista, ha confirmado que Quiles comparecerá de forma voluntaria en una comisaría madrileña para conocer oficialmente el procedimiento judicial que ha originado la orden.
Desde la defensa explican que, hasta ese momento, ni siquiera conocen qué juzgado ha emitido la orden ni a cuál de las diferentes causas corresponde.
Las notificaciones judiciales, en el centro del procedimiento
Los abogados sostienen que el origen del problema podría estar en una notificación judicial que nunca llegó correctamente a su representado.
Según explican, Vito Quiles reside habitualmente en Madrid, aunque permanece empadronado en Alicante, circunstancia que, aseguran, ha provocado anteriormente dificultades para recibir comunicaciones judiciales.
La defensa considera que la orden de detención se habría producido tras no poder acreditarse su comparecencia a una citación de la que, afirman, no tuvo conocimiento efectivo.
Quiles denuncia una persecución política
A través de sus redes sociales, el periodista aseguró que la orden llega tras una «campaña de denuncias masivas» relacionada con sus investigaciones y con el seguimiento informativo realizado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
En su publicación afirmó:
«Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez. El Gobierno utiliza la Justicia para perseguir a sus rivales. Ni un paso atrás.»
Estas declaraciones han sido ampliamente compartidas entre dirigentes, periodistas y usuarios de redes sociales, alimentando el debate sobre la relación entre política, justicia y libertad de prensa.
Varias causas abiertas y otras archivadas
Actualmente, Vito Quiles mantiene abiertos distintos procedimientos judiciales.
Entre ellos figuran investigaciones por un presunto delito de odio, una causa por revelación de secretos relacionada con la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, así como un procedimiento por injurias y calumnias presentado por el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez.
Por el contrario, otras denuncias presentadas anteriormente por Begoña Gómez y por la analista política Sarah Santaolalla fueron archivadas por los tribunales.
El Congreso ya le retiró la acreditación
La polémica alrededor de Vito Quiles no es nueva.
En mayo, el Congreso de los Diputados decidió retirarle temporalmente la acreditación como informador durante tres meses, alegando diversos altercados y la grabación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una zona donde las cámaras no estaban autorizadas.
Aquella decisión provocó una intensa controversia sobre los límites del ejercicio periodístico y el acceso de determinados medios a las instituciones.
La causa concreta se conocerá cuando comparezca
Por el momento, no existe confirmación oficial sobre cuál de las investigaciones abiertas ha dado lugar a la orden judicial.
Será previsiblemente este jueves, cuando Vito Quiles comparezca voluntariamente junto a su abogado ante la Policía, cuando se conozcan los detalles del procedimiento y las actuaciones acordadas por el juzgado competente.
Mientras tanto, el caso vuelve a situar en el centro del debate la tensión existente entre determinados medios críticos con el Ejecutivo, la actuación de los tribunales y las garantías procesales en procedimientos de alta repercusión pública.
