La investigación del caso Leire examina la contratación de un despacho de abogados durante la presidencia de Juan Manuel Serrano. Fuentes jurídicas sostienen que el exresponsable de Correos se sentía perseguido por María Jesús Montero, extremo que no consta acreditado judicialmente.
La investigación sobre Leire Díez vuelve a colocar a Correos y a su expresidente Juan Manuel Serrano en el centro de la Audiencia Nacional. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza la contratación de servicios jurídicos por parte de la empresa pública después de hallar comunicaciones en las que Díez señalaba que una de sus principales misiones era «proteger» a Serrano.
El caso adquiere una dimensión política adicional por una información conocida ahora: fuentes jurídicas citadas por la noticia original sostienen que Serrano habría impulsado aquella cobertura legal porque se sentía «perseguido» por María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda, y atribuía a la dirigente socialista una «inquina» personal contra él. Esa explicación procede de fuentes del caso y no equivale a una conclusión de la UCO ni a un hecho acreditado judicialmente.
Lo que sí consta en la investigación es que el juez Santiago Pedraz mantiene investigado a Serrano y autorizó el análisis de su teléfono para determinar hasta dónde llegó su responsabilidad en las actuaciones que la Guardia Civil atribuye a la presunta trama alrededor de Leire Díez.
La UCO investiga el papel de Leire Díez dentro de Correos
La pieza más relevante procede de un informe de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional.
La UCO sostiene que la incorporación de Leire Díez a Correos habría sido una contratación «estratégica» para el grupo investigado y que su posicionamiento dentro de la empresa pública fue tratado, «aparentemente», entre el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Juan Manuel Serrano.
Los investigadores incorporaron a su informe una conversación de mayo de 2021.
Fernández preguntó a Serrano si podían poner en marcha «lo que hablamos de Leire» y planteó asignarle determinadas funciones institucionales. Serrano respondió: «Ok, vamos hablando».
Posteriormente, Fernández comunicó a Díez que Serrano había contestado y añadió: «No te preocupes que lo tuyo sale».
Díez acabaría ocupando en 2022 la dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales, una entidad dependiente de Correos, quedando bajo dependencia inmediata de Serrano, según recoge la investigación.
Pedraz habla de una «irregular contratación»
El asunto ya no se encuentra únicamente en informes policiales.
Cuando el juez Santiago Pedraz acordó en julio investigar formalmente a Serrano, señaló en su resolución que las actuaciones bajo examen comenzaron con la «irregular contratación» de Díez como directora gerente de Filatelia y Relaciones Institucionales.
El magistrado añadió que posteriormente se produjeron diferentes contrataciones presuntamente en beneficio de Díez o de terceros y señaló que «todo indicaría que se contaba con la aquiescencia» de Serrano.
Esto no constituye una condena.
La Audiencia Nacional trata precisamente de determinar qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad individual de los distintos investigados.
La propia finalidad del análisis del teléfono de Serrano es esclarecer si el expresidente de Correos se limitó a consentir determinadas actuaciones o si, por el contrario, las impulsó o dirigió, según la resolución judicial conocida.
El contrato con un despacho para «proteger» a Serrano
La investigación adquiere especial relevancia al examinar diferentes contratos realizados por Correos con SDEP & Carrillo Abogados durante el periodo en el que Díez dependía directamente de Serrano.
Según el informe de la UCO recogido por Europa Press, Díez mantuvo contactos con Juan Antonio Carrillo para concretar un encargo relacionado con un acuerdo entre Correos y la editorial Vicens Vives.
En aquellas comunicaciones, la Guardia Civil sostiene que Díez «explicitó que su principal misión era «proteger» al presidente Serrano».
El caso se vuelve todavía más delicado por las sospechas sobre cómo habría sido preparada la contratación.
Los investigadores indican que el despacho ya estaría trabajando en el encargo antes de recibir formalmente la adjudicación.
La UCO sostiene además que Vicente Fernández habría coordinado a Díez con el despacho, que habría participado supuestamente en la redacción del pliego de una licitación a la que posteriormente iba a concurrir.
La UCO investiga posibles contraprestaciones
Las sospechas no terminan en el procedimiento de contratación.
Dos días después de determinadas comunicaciones, Carrillo preguntó a Vicente Fernández «qué porcentaje le parecía oportuno».
La interpretación de los agentes es que aquella conversación podría referirse al porcentaje de la cuantía contratada que correspondería al despacho y al que eventualmente iría destinado a Fernández.
La UCO señala asimismo que el expresidente de la SEPI habría recibido entre 2022 y 2024 al menos 213 995,20 euros procedentes de SDEP, cantidades investigadas como posibles contraprestaciones relacionadas con los contratos analizados.
Se trata nuevamente de hipótesis de la investigación, no de hechos declarados probados mediante sentencia.
La nueva versión: Serrano se sentía perseguido por Montero
La información aportada ahora introduce el elemento políticamente más explosivo.
Fuentes jurídicas citadas en la noticia original aseguran que Serrano habría solicitado la contratación de asistencia jurídica porque consideraba que María Jesús Montero mantenía una «inquina» contra él y pretendía apartarlo de Correos.
Según esas fuentes, Serrano se sentía «perseguido» por la entonces ministra de Hacienda y habría pedido a Díez crear una especie de estructura jurídica para responder a posibles actuaciones contra Correos que pudieran terminar perjudicándolo personalmente.
La misma versión sostiene que Serrano no conocería las posibles comisiones que la investigación atribuye a otras personas relacionadas con el despacho.
Esta explicación resulta relevante para conocer la posible estrategia defensiva, pero debe mantenerse separada de los hechos acreditados: no consta en la información disponible una resolución judicial que haya determinado que Montero utilizara sus competencias gubernamentales para perseguir a Serrano.
Los conflictos que Correos mantuvo con la Administración
La tesis de esa supuesta enemistad se intenta contextualizar con diferentes litigios mantenidos por Correos.
Uno de ellos procedía de retenciones del IRPF correspondientes a ejercicios anteriores a la presidencia de Serrano. Según la documentación recogida por la fuente, Correos había retenido indebidamente más de 206 000 euros a trabajadores, posteriormente devolvió las cantidades y reclamó a Hacienda su reintegro.
La disputa terminó en julio de 2019 con una resolución de la Audiencia Nacional favorable a Correos.
Existió además otro enfrentamiento con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) relacionado con la contabilización de determinadas notificaciones administrativas dentro del Servicio Postal Universal.
Ese procedimiento acabó de manera distinta: en 2023, la Audiencia Nacional desestimó el recurso de Correos y respaldó la posición de la CNMC, según la información aportada.
Estos litigios acreditan conflictos administrativos y judiciales, pero por sí mismos no demuestran una persecución personal de Montero contra Serrano.
El teléfono de Serrano se convierte en una pieza fundamental
El móvil del expresidente de Correos puede resultar decisivo para reconstruir la relación entre los implicados.
Pedraz autorizó a la Guardia Civil su acceso, clonado, volcado y análisis después de que la Fiscalía Anticorrupción respaldara la investigación sobre Serrano.
La operación tuvo que repetirse posteriormente y la UCO terminó un segundo clonado en agosto. Serrano solicitó entonces al magistrado que le devolviera el dispositivo.
El juez considera relevante estudiar el terminal porque existen miles de mensajes entre Serrano y Leire Díez correspondientes al periodo 2020-2024, coincidente parcialmente con los hechos investigados.
El objetivo es delimitar si las comunicaciones revelan conocimiento, consentimiento o dirección de las actuaciones investigadas.
La contratación de Leire Díez, uno de los principales problemas para Serrano
Fuentes jurídicas citadas por la información original consideran que la contratación de Leire Díez en Correos será uno de los asuntos más complicados que Serrano deberá explicar ante el juez.
La fuente sostiene que incluso Díez habría participado en la elaboración de la oferta correspondiente al puesto que posteriormente ocupó.
La defensa, según esta versión, tratará de acreditar que Díez realizó efectivamente funciones para Correos, independientemente de las actividades que pudiera desarrollar posteriormente fuera de la empresa.
El problema judicial no se limita, por tanto, a determinar si Díez trabajó.
La investigación pretende reconstruir cómo consiguió el puesto, quién intervino en el procedimiento, para qué resultaba estratégica su incorporación y qué contrataciones impulsó posteriormente.
La investigación se extiende mucho más allá de Correos
El denominado caso Leire forma parte de una investigación mucho más extensa de la Audiencia Nacional.
Pedraz ha ordenado durante los últimos meses diligencias sobre documentación del PSOE y comunicaciones de diferentes investigados. En mayo, la UCO intervino en Ferraz correos electrónicos, documentación contable e información relacionada con reuniones y desplazamientos.
El procedimiento analiza presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones públicas y posibles maniobras dirigidas a interferir o desacreditar investigaciones judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE.
El propio juez ha investigado el supuesto papel de Santos Cerdán, mientras otros responsables socialistas y antiguos altos cargos han tenido que comparecer ante la Audiencia Nacional.
El Gobierno, cuando se conocieron los primeros informes sobre Serrano, evitó realizar valoraciones de fondo y recordó que el procedimiento se encontraba entonces en una «fase muy embrionaria».
Una investigación con dos preguntas todavía sin resolver
El nuevo episodio deja abiertas dos cuestiones diferentes que no deberían confundirse.
La primera está respaldada por actuaciones judiciales y policiales: qué responsabilidad tuvo Juan Manuel Serrano en la contratación de Leire Díez y en los posteriores contratos realizados desde Correos.
La segunda procede por ahora de fuentes jurídicas: si existió realmente una actuación política de María Jesús Montero destinada a apartar a Serrano de la presidencia de la empresa pública.
Sobre la primera cuestión, Pedraz y la UCO siguen reuniendo pruebas.
Sobre la segunda, la información disponible no aporta una constatación judicial que permita presentar esa supuesta persecución como un hecho probado.
La Audiencia Nacional tendrá ahora que determinar qué había detrás de las contrataciones, quién conocía las posibles contraprestaciones y por qué Leire Díez consideraba que su misión dentro de aquel entramado jurídico era «proteger» al entonces presidente de Correos.
