El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado dimitir pese a la presión del Partido Popular y ha asegurado que solo renunciará si la agente que denunció al ya exnúmero dos de la Policía Nacional considera que no estuvo protegida o que él le ha fallado.
La declaración se produjo en el Pleno del Congreso, entre gritos de “dimisión” desde la bancada popular, tras la querella presentada por una agente contra el exdirector adjunto operativo (DAO) José Ángel González por presunta agresión sexual.
Marlaska: “Desconocíamos los hechos hasta ayer”
El ministro ha defendido que ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Policía conocían la denuncia hasta su publicación en medios.
“De haber tenido el mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, le hubiera pedido su renuncia”, aseguró Marlaska en los pasillos del Congreso.
Según el Ejecutivo, la prueba de que no existía conocimiento previo es que se actuó “de inmediato” tras hacerse pública la querella. En apenas hora y media —afirman fuentes gubernamentales— se solicitó la renuncia del DAO.
Suspensión de un comisario y apertura judicial
Además de la dimisión del director adjunto operativo, el Ministerio ha suspendido al comisario Óscar San Juan, asesor de máxima confianza del DAO y señalado en la querella por presuntas coacciones a la denunciante.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha admitido a trámite la querella y ha citado a declarar al exDAO el 17 de marzo. El magistrado considera que los hechos podrían constituir delitos de:
- Agresión sexual
- Coacciones
- Lesiones psíquicas
- Malversación
La denunciante sostiene que los hechos se produjeron en una vivienda oficial del Ministerio del Interior y que fue presionada para no denunciar posteriormente.
El Gobierno cierra filas
Desde el Ejecutivo han defendido la actuación del ministro y han subrayado que el exDAO no es un cargo político del PSOE ni del Gobierno.
Fuentes gubernamentales han acusado al PP de “hipocresía” por exigir la dimisión de Marlaska mientras —según sostienen— no actúa con la misma contundencia ante denuncias internas en sus filas.
También han descartado una crisis en la coalición con Sumar, insistiendo en que el Ejecutivo seguirá centrado en la lucha contra la violencia de género.
Una dimisión condicionada
La clave política de la jornada ha sido la condición que Marlaska ha puesto sobre la mesa: solo dimitirá si la denunciante considera que no se sintió protegida o cree que el ministro le falló.
Esa afirmación abre un debate incómodo: ¿debe la responsabilidad política depender de la percepción individual de la víctima o de la gestión institucional del caso?
Mientras la causa judicial sigue su curso, la presión parlamentaria aumenta y la oposición insiste en que la mera posibilidad de encubrimiento o falta de control interno debería implicar responsabilidades políticas.
La justicia decidirá sobre los hechos. Pero la responsabilidad política, como suele ocurrir, se juega en otro terreno.
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