Marlaska usó hasta las ayudas de la dana para blindar a su DAO en una operación legislativa que ha provocado una fuerte polémica política y judicial. El ministro del Interior habría recurrido a un real decreto destinado a ayudas por la DANA de Valencia para modificar la ley y evitar la jubilación forzosa del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, que ha dimitido tras conocerse que estaba siendo investigado por una presunta agresión sexual.
La revelación de que Marlaska usó hasta las ayudas de la dana para blindar a su DAO ha desatado críticas de la oposición y reabre el debate sobre el uso de decretos de urgencia para introducir cambios estructurales en leyes orgánicas.
El hombre fuerte del Ministerio del Interior
El comisario principal José Ángel González ha sido durante años uno de los principales apoyos del ministro Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Como DAO de la Policía Nacional, ocupaba el puesto número dos en el organigrama operativo del cuerpo, sólo por debajo del director general, un cargo de designación política.
Fue el propio Marlaska quien lo nombró en agosto de 2018, tras la llegada al poder del PSOE de Pedro Sánchez mediante la moción de censura que desalojó del Gobierno a Mariano Rajoy. Desde entonces, González se convirtió en una pieza clave en la estructura de Interior.
Sin embargo, su continuidad no estaba garantizada. En diciembre de 2024 cumplía 65 años, edad límite de jubilación forzosa para los funcionarios policiales según la normativa vigente.
Cómo Marlaska usó hasta las ayudas de la dana para blindar a su DAO
El punto más controvertido del caso es que Marlaska usó hasta las ayudas de la dana para blindar a su DAO mediante una modificación legal introducida en uno de los reales decretos destinados a paliar los efectos de la DANA en Valencia.
A través de esa norma, el Ministerio modificó el artículo 5.2.b de la Ley Orgánica de Personal de la Policía Nacional. Hasta ese momento, la jubilación forzosa a los 65 años era obligatoria para todos los funcionarios del cuerpo. Con el cambio, se estableció una excepción específica para el titular de la Dirección Adjunta Operativa, permitiéndole permanecer en servicio activo mientras ostentara el cargo.
El nuevo redactado introducía una salvedad inédita: alcanzada la edad de jubilación, el DAO podría continuar en activo hasta su cese formal. Este ajuste legal permitió que González siguiera en el puesto más allá de la edad límite.
La operación generó un fuerte malestar en sectores policiales y políticos, que interpretaron que Marlaska usó hasta las ayudas de la dana para blindar a su DAO en beneficio de una persona concreta, aprovechando un decreto concebido para situaciones de emergencia.
Intento fallido previo en el Senado
La polémica se agrava al conocerse que semanas antes el Ministerio del Interior ya había intentado introducir la misma modificación en la Ley de Movilidad que se debatía en el Senado. Sin embargo, los grupos del Partido Popular y Vox detectaron la maniobra y bloquearon el intento.
Tras ese fracaso, la modificación fue finalmente incluida en el decreto vinculado a las ayudas por la DANA. Para la oposición, el movimiento evidencia que Marlaska usó hasta las ayudas de la dana para blindar a su DAO cuando no logró sacarlo adelante por la vía ordinaria.
Las críticas no tardaron en llegar. Desde distintos grupos parlamentarios se denunció el “esperpento” de utilizar una norma de carácter social y urgente para introducir una modificación estructural en la ley orgánica de la Policía.
Dimisión y consecuencias políticas
El escenario dio un giro este martes, cuando José Ángel González presentó su dimisión tras conocerse que estaba siendo investigado por una presunta agresión sexual. La salida precipitada del DAO añade una dimensión aún más delicada al caso.
Ahora, la pregunta que sobrevuela el debate político es si todo el esfuerzo legislativo para prolongar su carrera estaba justificado. El hecho de que Marlaska usó hasta las ayudas de la dana para blindar a su DAO y que este haya dimitido en medio de una investigación judicial ha intensificado las críticas.
La oposición exige explicaciones detalladas sobre el procedimiento seguido y cuestiona el uso de decretos de urgencia para fines que consideran ajenos a la finalidad original de la norma.
Una tormenta que no amaina
El Ministerio del Interior defiende que la modificación legal fue plenamente ajustada a derecho y que buscaba garantizar la estabilidad en la cúpula policial. Sin embargo, el coste político del episodio puede ser elevado.
El caso se suma a otras controversias recientes que han erosionado la imagen del Ejecutivo en materia de gestión institucional. El hecho de que Marlaska usó hasta las ayudas de la dana para blindar a su DAO se ha convertido en un argumento recurrente en el debate parlamentario.
A corto plazo, la dimisión del ya ex DAO cierra una etapa, pero no apaga la polémica. A medio plazo, el Gobierno deberá afrontar el desgaste derivado de una decisión que, según la oposición, mezcló legislación de emergencia con intereses personales.
Mientras tanto, el foco se mantiene sobre Interior. Y la pregunta clave sigue en el aire: ¿merecía la pena asumir semejante coste político para sostener a un alto cargo que finalmente ha tenido que abandonar su puesto en plena tormenta judicial?