La nueva Ley 7/2023 de Bienestar Animal establece que todos los perros, gatos y hurones deben estar correctamente identificados mediante microchip, registrando los datos del propietario en la REIAC. No cumplir esta obligación puede derivar en multas de entre 10 001 y 50 000 euros, según la gravedad de la infracción.
Microchip obligatorio para perros, gatos y hurones
Desde la entrada en vigor de la normativa, la identificación electrónica es obligatoria para todos los gatos domésticos, uniformando una exigencia que antes dependía de cada comunidad autónoma.
El microchip, un dispositivo implantado bajo la piel del animal, contiene un código único vinculado a la base de datos del propietario, permitiendo su localización en caso de pérdida o abandono y facilitando la gestión de emergencias.
Los veterinarios pueden atender animales sin microchip, pero deben informar a los propietarios de la obligación legal de registrarlo.
Sanciones económicas y régimen de infracciones
La ley clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Entre las infracciones graves se incluye la falta de microchip o datos incorrectos en el registro, que puede generar sanciones de 10 001 a 50 000 euros.
Este endurecimiento busca garantizar el control poblacional y la protección de los animales, reduciendo los casos de abandono y extravío.
Control de colonias felinas y abandono
El abandono sigue siendo un problema crítico: más de 160 000 animales son abandonados cada año en España. La ley asigna a los ayuntamientos la gestión de colonias felinas, incluyendo programas de captura, esterilización y suelta (CES).
Las administraciones locales pueden colaborar con asociaciones de protección animal y voluntarios para garantizar un control efectivo y mejorar la vida de los gatos callejeros.
Plazos para implantar el microchip
El microchip debe colocarse entre los tres y seis meses de edad del animal, según la interpretación legal. Una vez implantado, el registro debe actualizarse en la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC).
El incumplimiento de los plazos o la falta de actualización de los datos constituye una infracción administrativa, reforzando la obligación legal de los propietarios.

