El Concello de Ourense mantiene todos sus servicios públicos esenciales en situación de precariedad contractual, pese a que Gonzalo Pérez Jácome prometió regularizar la gestión cuando accedió a la Alcaldía en 2019. Desde recogida de basura hasta transporte urbano y abastecimiento de agua, las concesiones caducadas siguen generando sobrecostes millonarios y conflictos legales que afectan a los ciudadanos.
Recogida de basura: contratos caducados y sobrecostes millonarios
La empresa Ecourense, UTE formada por FCC y la ourensana Copasa, mantiene la recogida de residuos con un contrato vencido desde abril de 2022, tras casi cuatro años en precario bajo la gestión de Jácome. La situación ha provocado desfases contables significativos: el Concello reconoció en 2024 una sentencia que obligaba a pagar 815 424,89 euros a la adjudicataria, sin intereses, y acordó un pago extrajudicial de 8 millones para evitar futuras reclamaciones.
El proceso de licitación para renovar el contrato está avanzado, pero sigue envuelto en polémica. La mesa de contratación excluyó la oferta de FCC, cuya impugnación fue desestimada, y la propuesta actual apunta a la UTE Copasa-Setec Building, aunque la viceinterventora alertó de irregularidades en la valoración de las ofertas.
Transporte urbano: más de una década en precario
El contrato del bus urbano está caducado desde 2015, con la empresa Avanza gestionando el servicio durante once años. Las sentencias ya han obligado al Concello a abonar 16,6 millones de euros en compensaciones. La propuesta de adjudicación actual favorece a la UTE Gavilanes SL-Sagalés SA, pero la viceinterventora alertó de que los costes de personal propuestos son insuficientes para garantizar el servicio.
La oposición advierte que los cambios en las líneas podrían judicializar el proceso, y el inicio de la nueva concesión no se cumplirá en los plazos previstos. Mientras tanto, los ciudadanos continúan pagando tasas más altas sin mejoras en la calidad del transporte.
Agua: el contrato más antiguo sigue sin renovarse
El abastecimiento y saneamiento de agua está bajo contrato con Viaqua (antes Aquagest) desde 1992, caducado en 2016. Pese a la subida de tasas a los ciudadanos, la licitación sigue pendiente, y el Concello ha tenido que indemnizar a la empresa con más de 16 millones. Mientras, Viaqua ejecuta obras de saneamiento que corresponderían a la nueva adjudicataria, como la conexión de viviendas en Palmés.
Conclusión: siete años sin solución
La gestión de Jácome refleja que las promesas de regularizar los servicios públicos han quedado en papel mojado. Todos los contratos de servicios esenciales siguen en precario, generando sobrecostes millonarios, incertidumbre legal y una evidente falta de planificación municipal. Los ourensanos pagan tasas más altas mientras los problemas históricos de gestión permanecen intactos.
La pregunta que queda sobre la mesa es clara: ¿estamos ante un caso de incompetencia política o de impunidad institucional?
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