El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado directamente a Microsoft en Estados Unidos la entrega de información técnica sobre el presunto hackeo de los correos electrónicos de los abogados de Alberto González Amador. El magistrado considera que esos registros pueden ser determinantes para avanzar en la investigación.
La investigación judicial sobre el presunto hackeo de los correos electrónicos de los abogados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa avanzando. El titular del Juzgado de Instrucción, Juan Carlos Peinado, ha dado un nuevo paso al dirigirse directamente a Microsoft Estados Unidos para reclamar información técnica que considera esencial para esclarecer lo ocurrido.
La decisión llega después de que la respuesta remitida por la filial española de la multinacional fuera considerada insuficiente por la parte denunciante y por el perito que analizó el caso.
El juez busca reconstruir el acceso a las cuentas de correo
La causa se centra en la desaparición de diversos mensajes intercambiados durante abril de 2024 entre Alberto González Amador y sus abogados fiscalistas.
Tras las denuncias presentadas por los letrados, el magistrado apreció indicios suficientes para abrir diligencias por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por particulares.
Durante la instrucción ya han declarado los dos abogados afectados, así como el perito informático que detectó las supuestas anomalías en las cuentas de correo electrónico.
Microsoft España remitió un informe considerado incompleto
Dentro de las diligencias practicadas, el juzgado solicitó inicialmente colaboración a Microsoft España, requiriendo la entrega de toda la información técnica disponible sobre los accesos realizados a las cuentas investigadas.
Sin embargo, el informe remitido por la compañía no satisfizo las necesidades de la investigación.
Según consta en la resolución judicial, el juez pretendía obtener el registro completo de actividad de los servidores de correo, incluyendo:
- La trazabilidad completa de las cuentas.
- Los registros de acceso (logs).
- Las direcciones IP utilizadas.
- Las fechas y horas de cada conexión.
- Cualquier dato identificativo almacenado en los servidores.
El objetivo es reconstruir con precisión si existieron accesos no autorizados y, en su caso, determinar su origen.
Casi dos años esperando la documentación
Uno de los aspectos que más preocupa al instructor es el tiempo transcurrido desde el inicio de las diligencias.
El primer requerimiento judicial a Microsoft fue remitido en julio de 2024, pero la respuesta recibida en octubre de 2025 se limitó a ofrecer información de carácter general sobre el funcionamiento del servicio sin aportar los registros concretos solicitados por el juzgado.
Ante esta situación, el magistrado ha decidido dirigirse directamente a la matriz estadounidense de la compañía con la esperanza de obtener la documentación técnica antes de su próxima jubilación, prevista para después del verano.
Microsoft alegó limitaciones en la conservación de datos
En su respuesta anterior, Microsoft explicó que los registros detallados de actividad solo se conservan durante 180 días, motivo por el que afirmó no poder facilitar parte de la información requerida.
No obstante, el juez considera que la documentación solicitada resulta esencial para el esclarecimiento de los hechos y recuerda que la colaboración con la Administración de Justicia es una obligación cuando existe un procedimiento penal abierto.
En la resolución, el instructor advierte de que la falta de cooperación podría tener consecuencias jurídicas si se acreditara una negativa injustificada a facilitar información relevante para la investigación.
Una investigación que sigue abierta
La causa continúa en fase de instrucción y todavía no existen conclusiones definitivas sobre el origen del presunto acceso ilícito a las comunicaciones entre González Amador y sus representantes legales.
Precisamente por ello, el análisis de los registros técnicos solicitados a Microsoft podría resultar determinante para confirmar si efectivamente se produjo un acceso no autorizado, identificar desde dónde se realizó y establecer, en su caso, posibles responsabilidades penales.
Un procedimiento con fuerte repercusión política
La investigación ha adquirido una importante dimensión política debido a la condición de Alberto González Amador como pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, una de las principales dirigentes del Partido Popular.
Mientras continúan las diligencias judiciales, el caso sigue generando un intenso debate sobre la protección de las comunicaciones privadas, la seguridad informática y la necesidad de que las grandes compañías tecnológicas colaboren plenamente con los tribunales cuando se investigan posibles delitos relacionados con la vulneración de datos personales.
Por el momento, el procedimiento permanece abierto y será el resultado de las diligencias practicadas el que determine si existió un delito y quiénes podrían ser sus presuntos responsables.
