El juez sostiene que la esposa de Pedro Sánchez habría mantenido bajo su control un activo desarrollado en el entorno de la Universidad Complutense y financiado con aportaciones de Google, Indra, Telefónica y fondos públicos. La causa vuelve a golpear al Gobierno en plena ofensiva judicial y política por el caso Begoña Gómez.
El juez apunta a un activo de alto valor patrimonial
El juez Juan Carlos Peinado ha elevado el alcance económico del software vinculado a la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid hasta situarlo por encima del medio millón de euros, según recoge la información publicada por Libertad Digital y aportada en el texto base de la noticia.
El magistrado considera que el programa informático no debe valorarse únicamente por su coste directo de desarrollo, sino también por el know-how acumulado, la validación técnica, el trabajo realizado, el ecosistema creado alrededor de la herramienta y su potencial de explotación comercial.
La tesis judicial es especialmente grave: Peinado sostiene que el software constituía un activo patrimonial de elevado valor que, en lugar de quedar integrado en el patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid, habría quedado bajo el control y disposición exclusiva de Begoña Gómez.
Google, Indra, Telefónica y fondos públicos en el centro del caso
El software investigado fue desarrollado en el marco de la cátedra vinculada a Gómez y contó con financiación o apoyo de empresas como Google, Indra y Telefónica, además de recursos procedentes de un concurso público superior a 60 000 euros, según el texto base.
La herramienta tenía como finalidad calcular las subvenciones que podía obtener una empresa, incluidas ayudas procedentes del Gobierno que presidía Pedro Sánchez, marido de la investigada.
Ese dato es políticamente explosivo. No se trata solo de una discusión técnica sobre la propiedad intelectual de una aplicación. El caso afecta a la esposa del presidente del Gobierno, a una universidad pública, a grandes compañías privadas y a recursos vinculados a proyectos con posible utilidad económica.
El problema de fondo es evidente: si un activo desarrollado en un entorno universitario y financiado con apoyos externos terminó bajo control privado, la pregunta ya no es solo judicial, sino institucional.
Peinado habla de un valor superior a 300 000 euros y potencialmente mayor a 500 000
Según el juez, la combinación de aportaciones materiales e inmateriales permite concluir que el valor real del software supera ampliamente las cifras inicialmente cuantificadas. La estimación, de acuerdo con el texto base, excedería los 300 000 euros y podría situarse incluso por encima del medio millón de euros si se tiene en cuenta el potencial de explotación del conocimiento acumulado.
Esta valoración supera con creces los cálculos iniciales. La Universidad Complutense había cuantificado anteriormente un posible daño patrimonial directo de al menos 108 765,79 euros, a lo que el juez añade otros costes asociados, como dedicación de personal técnico y administrativo, recursos y servicios puestos a disposición del proyecto por la propia universidad.
Servimedia informó en enero de 2026 de que la UCM cifraba en casi 114 000 euros la presunta pérdida vinculada al software de Begoña Gómez, una estimación que ya entonces situaba el asunto en el terreno del perjuicio patrimonial para la universidad pública.
La clave: no sería un proyecto incipiente, sino un producto listo para explotar
Uno de los puntos más relevantes del razonamiento judicial es que Peinado no describe el software como una idea inacabada o un mero ensayo académico. El juez sostiene que Gómez no se habría apropiado de un desarrollo incipiente, sino de un producto terminado, operativo y listo para su explotación, sin haber asumido los costes reales de su creación.
Esa afirmación eleva la gravedad del caso. Si se tratara de un proyecto experimental sin utilidad real, el perjuicio sería más difícil de concretar. Pero si el software era funcional, tenía valor de mercado y podía explotarse, entonces la presunta apropiación adquiere una dimensión económica y patrimonial mucho más seria.
La defensa de Gómez ha negado esta interpretación. Según informó La Razón, su recurso sostiene que no pudo apropiarse del software porque el proceso de creación no habría llegado a finalizar tras el inicio de la causa penal y la liquidación de la cátedra.
El juez sostiene que se ocultó a la UCM y a los patrocinadores
El auto también recoge un aspecto central: según Peinado, no se informó ni a la Universidad Complutense ni a las empresas que participaron en la financiación, patrocinio y desarrollo de la cátedra sobre las actuaciones paralelas relacionadas con el registro de marcas, la constitución de una sociedad mercantil y el uso del software a través de la web transformatsc.org.
La acusación es políticamente letal. Si se confirma que se actuó a espaldas de la universidad y de los patrocinadores, el relato defensivo de una mera confusión administrativa queda debilitado.
El propio juez vincula esos movimientos con la asesora Cristina Álvarez, directora de programas en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y persona cercana a Gómez.
La presencia de una trabajadora de Moncloa en gestiones relacionadas con la actividad privada o académica de la esposa del presidente es uno de los puntos más delicados del procedimiento, porque conecta el caso con una posible utilización indebida de recursos públicos.
La defensa denuncia una causa construida por ser “cónyuge” de Sánchez
La defensa de Begoña Gómez, encabezada por Antonio Camacho, ha negado las acusaciones y ha denunciado que la investigación se sostiene sobre su condición de esposa del presidente del Gobierno. En recursos recientes, Gómez ha acusado al juez Peinado de actuar contra ella por ser “cónyuge del presidente”, además de cuestionar la tramitación ante jurado popular.
El argumento defensivo busca presentar la causa como una investigación de carácter político o mediático, basada en conjeturas y sin indicios suficientes. La Fiscalía también ha mantenido posiciones críticas con varios aspectos de la instrucción.
Sin embargo, Peinado continúa acumulando resoluciones en las que sostiene que existen elementos bastantes para seguir adelante. En abril, el juez propuso llevar a Gómez a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación.
Un caso que ya no afecta solo a Begoña Gómez
El caso ha dejado de ser un expediente limitado a la actividad profesional de la esposa de Sánchez. Afecta de lleno a la imagen del Gobierno, a la credibilidad institucional de Moncloa y al papel de la Universidad Complutense como institución pública.
Si la tesis del juez se consolida, el asunto plantea varias preguntas graves:
quién controlaba realmente el software, quién debía ser su titular, qué sabían la UCM y los patrocinadores, qué papel desempeñó la asesora de Moncloa y por qué un activo creado en un entorno universitario pudo acabar fuera del patrimonio de la universidad.
La derecha política encuentra aquí un argumento de enorme fuerza contra el Ejecutivo: mientras Sánchez presume de regeneración democrática, su entorno familiar aparece bajo sospecha judicial por asuntos vinculados a universidad pública, patrocinadores privados y recursos institucionales.
El problema para Sánchez: la sombra de Moncloa
La posición del presidente del Gobierno se complica porque el caso no se limita a una actividad privada desconectada del poder. En la causa aparecen referencias a la cátedra de la Complutense, a grandes empresas, a una asesora adscrita a Presidencia y a la condición pública de Begoña Gómez como esposa del jefe del Ejecutivo.
El punto políticamente devastador no es solo si hubo o no delito. Eso lo determinarán los tribunales. El problema es la sensación de confusión entre esfera pública, actividad privada, universidad, empresas y entorno presidencial.
En una democracia sana, la frontera entre Moncloa y los intereses privados debe ser nítida. En este caso, esa frontera aparece cada vez más borrosa.
La vía del jurado popular y la batalla procesal
La causa también está marcada por la decisión de Peinado de encaminar el procedimiento hacia un eventual juicio ante jurado popular, decisión recurrida por la defensa. Gómez ha pedido que se paralice el avance del caso hasta que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre sus recursos.
La estrategia de la defensa pasa por discutir cada paso relevante del instructor. Para sus abogados, Peinado estaría vulnerando garantías procesales. Para fuentes jurídicas citadas en informaciones previas, esa sucesión de recursos también podría tener un efecto dilatorio sobre la apertura de juicio.
El pulso entre defensa, juez y Audiencia será decisivo para saber si el caso avanza hacia juicio oral o si sufre nuevos frenazos procesales.
La Complutense, obligada a proteger su patrimonio
La Universidad Complutense de Madrid queda situada en una posición incómoda. Si el software fue desarrollado bajo su paraguas, con recursos asociados a una cátedra y con aportaciones de empresas colaboradoras, la institución tiene el deber de aclarar qué ocurrió y proteger su patrimonio.
Según el texto base, la UCM inició actuaciones internas para esclarecer lo sucedido y elaboró un informe donde cuantificó un daño patrimonial directo de al menos 108 765,79 euros, sin incluir otros costes asociados.
El caso obliga a revisar cómo se gestionan las cátedras extraordinarias, qué controles existen sobre proyectos financiados por empresas y qué mecanismos impiden que activos nacidos en universidades públicas terminen fuera de su control.
La nueva valoración del juez Peinado agrava el caso de Begoña Gómez. Ya no se habla solo de un software universitario discutido, sino de un activo que el instructor considera valorado en más de 300 000 euros y potencialmente por encima del medio millón.
La defensa sostiene que no hubo apropiación y que el proyecto no llegó a completarse. El juez, en cambio, ve un producto operativo, financiado por terceros, vinculado a la Universidad Complutense y presuntamente colocado bajo control exclusivo de la esposa del presidente.
El asunto golpea directamente al Gobierno de Sánchez porque conecta poder, universidad pública, grandes empresas, recursos institucionales y entorno familiar del presidente.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿estamos ante una persecución política, como sostiene la defensa, o ante otro ejemplo de cómo el poder confunde lo público con lo privado cuando nadie se atreve a poner límites?
