Durante la última campaña de seguridad vial en Pontevedra, la Policía Local controló 949 vehículos, resultando en 28 denuncias, todas ellas dirigidas exclusivamente a conductores y pasajeros de vehículos privados, mientras que taxis, autobuses y camiones profesionales quedaron completamente exentos de sanción.
Solo conductores privados multados: la paradoja del control vial
Entre el 9 y el 15 de marzo, la Policía Local puso en marcha una campaña centrada en el uso obligatorio del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil en la ciudad del Lérez. De las 28 infracciones detectadas, 21 correspondieron a conductores que circulaban sin cinturón, y las 7 restantes afectaron a pasajeros: tres ocupantes del asiento del acompañante, dos en los asientos traseros y dos menores que viajaban sin sistema de retención adaptado a su peso y talla.
El concello de Pontevedra aclaró que 925 de los controles se realizaron a turismos privados, mientras que solo 10 fueron taxis, 2 autobuses y 12 vehículos de mercancías. La nota oficial subraya que ningún conductor profesional incurrió en infracción, dejando entrever que los controles se concentran en los ciudadanos particulares mientras los profesionales quedan al margen.
La importancia del cinturón: advertencia oficial
La Policía Local insistió en la vital importancia del uso del cinturón en todos los desplazamientos, incluso los cortos, destacando que reduce drásticamente el riesgo de lesiones graves o fatales en caso de accidente. Según las autoridades, el cinturón de seguridad es la herramienta más eficaz de protección pasiva, y su uso no solo es un requisito legal, sino una medida de protección esencial para todos los ocupantes del vehículo.
Crítica y reflexión: ¿control real o apariencia de seguridad?
Si bien la campaña evidencia un cumplimiento impecable entre profesionales del transporte, resulta llamativo que todas las sanciones recayeran en conductores de vehículos privados, cuestionando la eficacia de la vigilancia y su impacto real en la seguridad vial. Este enfoque podría percibirse como un tratamiento desigual, donde los ciudadanos particulares soportan la carga de la ley mientras los conductores profesionales parecen recibir un trato de favor.
¿Estamos ante un control efectivo de la seguridad vial o simplemente un mecanismo para sancionar al ciudadano de a pie mientras los profesionales se libran de la ley?
