El PP acusa a Marlaska de tapar agresión sexual en el seno de la Policía Nacional y ha desatado una nueva tormenta política en el Congreso de los Diputados. Los populares sostienen, sin aportar pruebas públicas, que el ministro del Interior habría “protegido” al exjefe policial investigado por un presunto delito de agresión sexual, quien presentó su dimisión tras ser citado por un juzgado.
La ofensiva parlamentaria se produjo durante la sesión de control al Gobierno, donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, elevó el tono contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo explicaciones sobre cuándo tuvo conocimiento de los hechos y qué decisiones adoptó.
El caso ha generado un intenso cruce de acusaciones, mientras el ministro dejó una puerta abierta a asumir responsabilidades si la propia víctima considera que le ha fallado.
PP acusa a Marlaska de tapar agresión sexual: el choque en la sesión de control
El momento más tenso llegó cuando Feijóo cuestionó directamente la actuación del ministro. “Si el Gobierno ha tenido a un depredador al frente de la Policía, alguien debe asumir responsabilidades”, vino a plantear el líder popular en el hemiciclo.
En paralelo, dirigentes como Miguel Tellado y Ester Muñoz reforzaron la línea argumental del partido: el PP acusa a Marlaska de tapar agresión sexual al no apartar antes al alto mando policial investigado.
Desde el Gobierno se rechazaron de plano esas acusaciones. Marlaska aseguró que actuó en cuanto tuvo conocimiento formal del procedimiento judicial y recordó que la dimisión se produjo tras la citación del juzgado. Además, afirmó con contundencia: “Si la propia víctima ha entendido que este ministro le ha fallado, dimitiré”.
Dimisión tras la citación judicial
El exjefe policial investigado presentó su dimisión el martes después de que un juzgado lo citara por un presunto delito de agresión sexual. Según fuentes oficiales, el Ministerio del Interior no tenía constancia formal de la investigación hasta ese momento.
A pesar de ello, el PP acusa a Marlaska de tapar agresión sexual y sostiene que el ministro debería haber detectado antes cualquier indicio irregular. Los populares insisten en que la gravedad del cargo exige la máxima diligencia y transparencia.
El Ejecutivo, por su parte, recalca que el principio de presunción de inocencia debe respetarse y que cualquier actuación administrativa requiere respaldo documental y judicial.
Comparaciones con el caso del alcalde de Móstoles
Uno de los puntos más controvertidos del debate es la comparación con el caso del alcalde de Móstoles. El PP ha defendido que ambos asuntos no son “comparables”, argumentando diferencias en el contexto y en la actuación institucional.
Sin embargo, desde el PSOE se recuerda que el PP de Madrid fue señalado por intentar disuadir a una exconcejal de su partido para que no denunciara un caso de presunta agresión. Esta circunstancia ha sido utilizada por los socialistas para cuestionar la coherencia del discurso popular.
Mientras el PP acusa a Marlaska de tapar agresión sexual, el Gobierno responde señalando supuestas contradicciones en la actuación del propio partido en otros episodios similares.
Un pulso político con consecuencias institucionales
La polémica no solo tiene impacto en el debate parlamentario, sino también en la credibilidad institucional. La Policía Nacional es uno de los pilares del sistema de seguridad del Estado, y cualquier sombra sobre su cúpula genera preocupación pública.
El PP acusa a Marlaska de tapar agresión sexual y reclama responsabilidades políticas inmediatas. El ministro, por su parte, ha defendido la actuación de su departamento y ha subrayado que no tolerará conductas delictivas dentro de las fuerzas de seguridad.
Analistas políticos consideran que el enfrentamiento podría prolongarse si aparecen nuevos datos judiciales. En ese caso, la presión sobre el Ministerio del Interior aumentaría significativamente.
El debate sobre la responsabilidad política
Más allá de los hechos concretos, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad política ante presuntas conductas delictivas de altos cargos. ¿Debe un ministro dimitir si un subordinado es investigado? ¿O solo cuando se demuestra una actuación negligente?
El PP acusa a Marlaska de tapar agresión sexual y plantea que el mero desconocimiento no exime de responsabilidad. Desde el Gobierno, en cambio, se insiste en que no puede exigirse una dimisión sin pruebas de encubrimiento.
La respuesta del ministro, vinculando su continuidad a la percepción de la víctima, ha sido interpretada como un gesto político de alto impacto. Con ello, busca desplazar el foco hacia la protección de la denunciante y no hacia la confrontación partidista.
Escenario abierto y máxima tensión
El caso continúa bajo investigación judicial y será la evolución del procedimiento la que determine el alcance real de las responsabilidades. Entretanto, el clima político se mantiene en niveles de alta tensión.
El PP acusa a Marlaska de tapar agresión sexual como parte de una estrategia de desgaste al Gobierno en un contexto preelectoral complejo. El Ejecutivo, por su parte, defiende su gestión y acusa a la oposición de utilizar un asunto delicado con fines partidistas.
La batalla política está servida. Lo que ocurra en las próximas semanas dependerá tanto de las decisiones judiciales como de la capacidad de los actores políticos para gestionar un caso que combina sensibilidad social, responsabilidad institucional y confrontación parlamentaria.