La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo se ve obligada a presentar de manera inmediata el proyecto de ejecución de su reforma y ampliación, ante el riesgo de perder la licencia urbanística que lleva años gestionando y que las administraciones locales han retrasado.
Una urgencia provocada por la burocracia institucional
La Protectora había solicitado en abril de 2025 la licencia para la legalización, reforma y ampliación de sus instalaciones, obteniéndola finalmente el 18 de octubre de ese año. Sin embargo, la autorización estaba condicionada a entregar un proyecto de ejecución en un plazo máximo de seis meses. Según la propia entidad, “advertíusenos de que, de no cumplir ese plazo, la licencia sería declarada caducada”.
Con el tiempo límite a punto de expirar, la Protectora mantuvo reuniones con el Concello de Lugo, donde el alcalde se comprometió a agilizar un convenio a tres bandas con la Xunta y la Diputación. A pesar de ello, aseguran que no han recibido respuesta, lo que ha precipitado su decisión de avanzar de manera unilateral. “Presentaremos el proyecto de ejecución para poder comenzar con la administración que esté dispuesta a ayudarnos”, afirman desde la entidad, mostrando su determinación por dar pasos reales hacia la mejora de las instalaciones.
Infraestructuras insuficientes y años de espera
La Protectora insiste en que sus instalaciones actuales no cumplen con los estándares mínimos para garantizar el bienestar animal ni condiciones de trabajo dignas para el personal. Por ello, piden empatía y colaboración real de todas las administraciones, especialmente del ámbito local. Además, hacen un llamamiento a dejar atrás críticas y polémicas infructuosas para centrarse en soluciones efectivas.
Política local en juego
La última intervención pública sobre el proyecto fue realizada por el PP de Lugo, que anunció hace una semana que llevaría a pleno un ruego para impulsar la firma del acuerdo que permita iniciar las obras con la colaboración de Concello, Diputación y Xunta. Aunque las instituciones ya dieron el visto bueno al proyecto, aún falta definir el sistema de financiación, un detalle que mantiene paralizado el avance.
Este retraso deja en evidencia la ineficiencia de la administración pública local y cuestiona si el bienestar animal puede depender de trámites burocráticos que deberían resolverse con agilidad. La Protectora de Lugo, ante la falta de acción, decide tomar la iniciativa para asegurar su futuro y evitar la caducidad de un proyecto clave para la ciudad.
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