Rusia usa defensas de España sobre renovables en litigio por Crimea
Rusia ha recurrido a la inmunidad soberana que España aplica en litigios para evitar el pago de laudos arbitrales relacionados con energías renovables. El Kremlin enfrenta un litigio ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos por un monto superior a 242 millones de dólares por la expropiación de activos ucranianos en Crimea, y ha adoptado una estrategia jurídica similar a la del Gobierno español.
La defensa de Rusia argumenta que los tribunales estadounidenses no deberían aceptar demandas contra estados sin demostrar previamente que el estado correspondiente consintió al arbitraje con las empresas demandantes. Esto implica un intento de elevar el umbral necesario para bloquear la ejecución de laudos ya reconocidos por tribunales internacionales.
El caso de España v. Blasket, que se encuentra también ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se menciona como referencia. En este proceso, España sostiene que los magistrados estadounidenses deben verificar que existe un consentimiento inequívoco al arbitraje.
La aplicación de esta teoría podría retrasar el cobro de indemnizaciones a inversores internacionales. En el contexto español, se habla de más de 1 700 millones de euros en laudos pendientes tras reducciones retroactivas a las primas de energías renovables. En el caso ruso, las compensaciones se deben a las empresas ucranianas cuyas propiedades fueron tomadas tras la anexión de Crimea en 2014.
Ambos países intentan utilizar interpretaciones restrictivas del Convenio del Ciadi y de la excepción de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) para evitar sus responsabilidades financieras. Además, se ha observado que varios abogados que han trabajado para el Gobierno español también están asesorando al régimen ruso en este tema.
Si la defensa de España, que ahora utiliza Rusia como argumento, tiene éxito, podría afectar gravemente al sistema internacional de protección de inversiones, dado que bastaría con cuestionar el consentimiento al arbitraje para prolongar la ejecución de laudos, debilitando la seguridad jurídica y los incentivos para la inversión extranjera.
La decisión final sobre el litigio entre España y las empresas afectadas está prevista para mediados de 2026. En meses recientes, España ha enfrentado varios reveses judiciales en EE. UU., donde se han registrado siete laudos adversos en relación con los recortes a las energías renovables. Recientemente, un tribunal del Reino Unido también falló en contra de España en un asunto similar, y en Australia se emitió una sentencia que requiere a España asumir pagos pendientes.
Ante estas circunstancias, los acreedores han comenzado a localizar bienes y activos del Estado español, lo que podría resultar en embargos futuras debido a los impagos.