Tras un 2025 marcado por escándalos de corrupción y desgaste político, Pedro Sánchez lanza una avalancha de medidas económicas, territoriales e internacionales para transmitir que su Gobierno sigue en pie hasta 2027.
Un Gobierno a la defensiva tras un año negro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado 2026 con una batería de anuncios y promesas en ámbitos clave como vivienda, financiación autonómica, economía, agricultura y política exterior, con un objetivo claro: convencer a la opinión pública de que la legislatura aún tiene recorrido, pese al evidente deterioro político del Ejecutivo.
El movimiento llega después de un 2025 especialmente complicado para el PSOE, sacudido por presuntos casos de corrupción y denuncias de acoso sexual que afectaron a dirigentes socialistas y que reactivaron con fuerza las peticiones de adelanto electoral por parte de la oposición.
Pese a ello, Sánchez descartó en diciembre cualquier convocatoria anticipada y reiteró que gobernará hasta 2027, una promesa que ahora intenta apuntalar con actividad política constante.
Medidas sociales sin pasar por el Congreso
«Aún hay mucho por hacer», afirmó el presidente a finales del año pasado. Bajo esa consigna, pidió a sus ministros activar medidas sociales incluso sin pasar por el Congreso, aprovechando resquicios legales ante una aritmética parlamentaria cada vez más inestable.
Fuentes del Ejecutivo admiten que el objetivo no es solo aprobar leyes, sino proyectar la imagen de un Gobierno “muy vivo”, capaz de responder a debates nacionales e internacionales, aunque muchas iniciativas nazcan ya condicionadas por la debilidad parlamentaria.
Ucrania, tropas y una reunión clave con Feijóo
El primer gesto político del año fue su presencia, el 6 de enero, en París, en la reunión de la llamada Coalición de Voluntarios por Ucrania. Allí, Sánchez se mostró favorable al envío de tropas españolas en una eventual misión de paz, una decisión de enorme calado que pretende debatir con los partidos.
La ronda de contactos comenzará el lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y abordará también otros asuntos polémicos como Venezuela, el modelo de financiación autonómica y las nuevas medidas de vivienda.
Financiación autonómica: cesión a ERC y choque político
Uno de los pilares del arranque de año ha sido la reforma de la financiación autonómica, presentada tras el acuerdo entre Sánchez y Oriol Junqueras (ERC) alcanzado el 8 de enero en La Moncloa.
El pacto, anunciado inicialmente por el propio Junqueras y detallado después por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó al Gobierno aislado junto a Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, provocando un rechazo frontal del resto de comunidades autónomas.
Feijóo ya ha adelantado que expresará su oposición total a este modelo, que muchos consideran una nueva concesión al independentismo para mantener a Sánchez en el poder.
Vivienda, alquileres y fisuras incluso entre socios
En paralelo, Sánchez anunció rebajas fiscales a propietarios que no suban el alquiler, una medida que ha generado rechazo incluso dentro de la coalición, con Sumar marcando distancias y alertando de su desacuerdo.
La iniciativa se suma a un paquete de anuncios que, según críticos, no ataja el problema estructural de la vivienda, pero sí busca un impacto mediático inmediato.
Agricultura, fondo soberano y concesiones al PNV
El presidente ha prometido también facilitar hasta 17 000 fincas estatales a jóvenes agricultores y ha anunciado la creación de un fondo soberano, “España Crece”, dotado con 10 500 millones de euros, con el objetivo de movilizar hasta 120 000 millones ligados a los fondos europeos.
Para asegurar el apoyo del PNV, el Gobierno ha cerrado el traspaso de cinco nuevas competencias a Euskadi, incluida la gestión del subsidio de desempleo, en una nueva cesión que reabre el debate sobre la desigualdad territorial.
Iglesia, control informativo y leyes polémicas
Entre los acuerdos más llamativos figura el pacto con la Conferencia Episcopal para establecer un sistema de reparación a víctimas de abusos, y la aprobación de anteproyectos de ley que limitan los intereses del crédito al consumo al 22 %.
Además, el Ejecutivo ha reactivado dos normas del Plan de Acción por la Democracia que han generado inquietud:
- La ley de rectificación
- La ley de protección del honor y la imagen, vistas por sectores críticos como instrumentos de control informativo.
Venezuela y el papel internacional de España
En política exterior, el Gobierno insiste en su papel como mediador en Venezuela, defendiendo a las nuevas autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez y calificando de ilegal la intervención de Estados Unidos.
Una postura que refuerza la imagen de un Ejecutivo alineado con regímenes de dudosa legitimidad, mientras intenta ganar protagonismo internacional.
Actividad frenética para ocultar debilidad
Desde Moncloa aseguran que el ritmo de anuncios se mantendrá, incluido un nuevo proyecto de Presupuestos Generales, aunque reconocen las enormes dificultades para sacarlos adelante.
La estrategia es clara: actividad constante, concesiones múltiples y narrativa de resistencia, en un intento por alargar una legislatura cada vez más cuestionada.
¿Gobierno con recorrido real o huida hacia adelante para ganar tiempo?