El Gobierno solicita finalmente refuerzos de Frontex para identificar migrantes y facilitar retornos tras la entrada masiva de finales de julio. La decisión se suma a otras medidas reclamadas durante semanas desde Ceuta y por la oposición.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha terminado recurriendo a Frontex para afrontar las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta prácticamente un mes después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.
El Ministerio del Interior ha solicitado formalmente a la Comisión Europea 10 agentes adicionales de Frontex, la prolongación de la operación Minerva y colaboración europea para identificar a los migrantes que todavía permanecen en Ceuta y ejecutar determinados procedimientos de retorno. España también ha pedido apoyo de Europol y de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).
El movimiento resulta políticamente relevante porque Bruselas ofreció su colaboración desde el comienzo de la crisis. El 31 de julio, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, comunicó públicamente a Fernando Grande-Marlaska la disposición de la UE a incrementar la ayuda a España, incluida la cooperación mediante Frontex.
Marlaska pide ahora 10 agentes adicionales de Frontex
La petición española contempla reforzar las tareas de triaje e identificación, es decir, determinar la situación administrativa de las personas que permanecen en la ciudad y agilizar los correspondientes procedimientos.
Interior también pretende contar con Frontex para «ejecutar determinados retornos» y ha solicitado prolongar la operación Minerva hasta el 2 de septiembre.
La solicitud incluye además la colaboración de la EUAA en entrevistas y servicios de interpretación y una mayor cooperación con Europol contra las redes dedicadas al tráfico de migrantes.
Según Reuters, entre 5 000 y 8 000 personas permanecían todavía en Ceuta este viernes, aunque las estimaciones han variado conforme avanzan los procesos de identificación y salida. Marlaska situó posteriormente la cifra alrededor de las 5 000 personas.
Bruselas había ofrecido ayuda desde el 31 de julio
Este es el punto que alimenta la controversia política.
El 31 de julio, cuando Ceuta afrontaba las horas más críticas de la entrada masiva, la Comisión Europea ya puso sobre la mesa su colaboración.
Brunner explicó entonces que había trasladado a Marlaska la disposición europea a «aumentar el apoyo a España», mencionando expresamente la cooperación con Frontex para controlar la situación.
Por tanto, es correcto afirmar que la oferta europea existía desde el inicio y que la solicitud formal de estos refuerzos concretos llega casi un mes después.
Lo que requiere más cautela es afirmar que Sánchez «rechazó» formalmente toda ayuda de Frontex: las fuentes consultadas acreditan el ofrecimiento inicial y la petición actual, pero no demuestran por sí solas una resolución formal del Gobierno español rechazando toda colaboración de la agencia europea.
La crisis dejó decenas de miles de entradas
La magnitud de lo sucedido explica la presión sobre Moncloa.
Las cifras oficiales y las estimaciones difundidas durante la crisis han ido cambiando. RTVE informó inicialmente de 50 000 entradas, mientras el Gobierno de Ceuta elevó entonces la estimación a 60 000. Datos posteriores manejados por el Ejecutivo situaron en torno a 72 000 las entradas irregulares producidas durante el episodio.
La crisis dejó además decenas de fallecidos y convirtió durante semanas la gestión migratoria de Ceuta en uno de los principales problemas políticos y de seguridad del Gobierno.
El Ejecutivo sostiene que la inmensa mayoría de quienes entraron ya ha abandonado la ciudad y defiende que los retornos restantes deben realizarse respetando la legislación española, europea y los procedimientos individualizados que correspondan.
Sánchez modifica su respuesta tras semanas de presión
La incorporación de Frontex llega mientras el Ejecutivo introduce o estudia otras medidas para reforzar su respuesta.
Desde Ceuta, su presidente, Juan Jesús Vivas, ha reclamado durante semanas una actuación estatal más contundente ante la presión migratoria y ha advertido de que la ciudad carece de capacidad para absorber indefinidamente la situación.
El Gobierno también ha avanzado en medidas de refuerzo fronterizo y contención física. Ya el 31 de julio Sánchez anunció en Ceuta el despliegue de boyas en el espigón para adaptarse a la sentencia del Tribunal Supremo y crear una barrera de contención.
La oposición interpreta la sucesión de decisiones como una rectificación de la estrategia inicial de Moncloa. El Gobierno, por el contrario, sostiene que su respuesta ha evolucionado conforme lo ha hecho la emergencia y defiende haber actuado desde el comienzo con todos los recursos disponibles.
Ceuta eleva el coste político para el Gobierno
La petición de ayuda europea llega además después de varias jornadas de protestas y graves incidentes en Ceuta, donde la prolongación de la crisis ha aumentado considerablemente la tensión social.
El Ejecutivo intenta ahora acelerar la identificación de quienes permanecen en territorio español y determinar qué personas tienen derecho a protección internacional, cuáles pueden ser objeto de retorno y qué situaciones requieren otros procedimientos.
España también solicitó el 24 de agosto 32 millones de euros de ayuda europea de emergencia vinculada a migración y control fronterizo.
El caso de Frontex, sin embargo, deja una pregunta política inevitable: si la Unión Europea ofreció su cooperación desde el 31 de julio, por qué los refuerzos concretos para el triaje y los retornos no se solicitaron formalmente hasta finales de agosto.
Esa será previsiblemente una de las cuestiones que la oposición utilice para fiscalizar la gestión de Sánchez y Marlaska.
Lo indiscutible es que, casi un mes después de la mayor crisis migratoria reciente de Ceuta, España ha decidido ampliar sustancialmente la participación europea en su respuesta. Frontex pasa ahora a formar parte de una estrategia destinada a acelerar identificaciones, reforzar el control fronterizo y facilitar los retornos que permita la legislación.
