El Gobierno usa la Ley de Lobbies como moneda de cambio para satisfacer la agenda nacionalista y afianzar el apoyo de Junts en el Congreso.
Nueva cesión al independentismo desde Moncloa
El Gobierno de Pedro Sánchez continúa profundizando en su estrategia de concesiones a Junts para garantizar su supervivencia parlamentaria. La última oferta puesta sobre la mesa pasa por ceder a la Generalitat el control de los interventores, secretarios y tesoreros de los ayuntamientos catalanes, funcionarios clave que hoy dependen de la Administración General del Estado.
La operación se estaría articulando a través de la futura Ley de Lobbies, un texto que nada tiene que ver con la organización territorial del Estado, pero que el Ejecutivo está utilizando como vehículo legal para introducir exigencias del nacionalismo catalán.
La Ley de Lobbies, convertida en coladero político
El Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, impulsado por el PSOE y sus socios de investidura a comienzos de 2025, se ha transformado en un cajón de sastre legislativo. Junts ha aprovechado su posición de fuerza para colar enmiendas a medida, alejadas del objetivo original de regular la actividad de los lobbies.
Entre las modificaciones pactadas destaca una reforma encubierta de la Ley de Bases de Régimen Local, con la que los independentistas pretenden arrebatar al Estado el control de los funcionarios que fiscalizan la legalidad y las cuentas de los ayuntamientos.
Un golpe al control del Estado en los municipios
La cesión no es menor. Interventores y secretarios municipales son piezas esenciales para garantizar la legalidad administrativa y el uso correcto del dinero público. Transferir su control a la Generalitat supone, en la práctica, debilitar la presencia del Estado en Cataluña y someter la fiscalización local a la órbita política del separatismo.
Además, Junts ha logrado incluir otras concesiones simbólicas, como devolver a los jueces de paz la potestad de oficiar matrimonios, una reivindicación histórica del nacionalismo que poco o nada tiene que ver con la transparencia de los grupos de interés.
Bolaños, arquitecto del acercamiento a Puigdemont
El encargado de diseñar este nuevo paquete de cesiones es el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, señalado en Moncloa como el ingeniero jurídico del acercamiento entre el PSOE y Junts.
Su departamento rastrea resquicios legales y textos legislativos que permitan satisfacer a los independentistas sin abrir debates explícitos sobre transferencias de poder, evitando así el coste político de una negociación abierta.
Temor al PP y bloqueo legislativo
En el entorno de Sánchez crece la preocupación por un posible cambio de estrategia del Partido Popular. Los populares se abstuvieron inicialmente en la tramitación de la Ley de Lobbies, pero ahora podrían bloquear la aprobación definitiva y frustrar el nuevo guiño a Junts.
La aritmética parlamentaria se ha vuelto aún más frágil tras la salida de José Luis Ábalos, lo que convierte cada votación en el Congreso en una prueba de supervivencia para el Ejecutivo.
La ley, en pausa hasta febrero
Aunque el Gobierno pretendía aprobar la Ley de Lobbies antes de finalizar 2025, el texto permanece ahora en punto muerto, a la espera de comprobar si el PP facilitará la maniobra o decide dinamitar la cesión al independentismo.
En el equipo de Bolaños la ley figura ya en rojo en la agenda de febrero, cuando se retome la actividad parlamentaria ordinaria. Hasta entonces, Moncloa mide cada paso para no perder el favor de Junts ni provocar un rechazo frontal de la oposición.
Conclusión
Una vez más, Sánchez sacrifica el control del Estado y la neutralidad institucional para mantenerse en el poder. La Ley de Lobbies, concebida para reforzar la transparencia, se perfila como otro instrumento al servicio de la agenda separatista, con el aval de un Gobierno dispuesto a pagar cualquier precio por seguir en La Moncloa.
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