La intervención de Gloria de Pascual, letrada vinculada al PSOE en el caso Kitchen y representante de Adade en el juicio del caso Koldo, ha desatado una nueva tormenta política. Fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital acusan a la asociación de actuar como una “marca blanca” socialista dentro de la acusación popular.
El caso Koldo abre una guerra dentro de la acusación popular
El juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo ha dejado una escena de fuerte carga política: la irrupción de Gloria de Pascual, abogada vinculada al PSOE en el caso Kitchen, en representación de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), para mostrar su rechazo a la rebaja de pena solicitada por la acusación popular para Víctor de Aldama.
La intervención se produjo en la recta final del juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Aldama por la trama de las mascarillas. Según informaron varios medios, De Pascual acudió en nombre de Adade para oponerse a que la acusación popular unificada, liderada por el PP, pidiera una reducción de condena al empresario por su colaboración con la Justicia.
La escena ha provocado un choque directo entre acusaciones populares y ha reabierto un debate incómodo para el PSOE: el uso político de una figura jurídica que los socialistas critican públicamente cuando la ejerce la derecha, pero que han utilizado en numerosas causas cuando les convenía.
Adade, una asociación históricamente próxima a causas contra el PP
Adade no es una desconocida en los tribunales. La asociación ganó notoriedad en el pasado por su papel como acusación popular en causas de alto impacto político, incluida la que llevó al expresidente Mariano Rajoy a declarar como testigo en la Audiencia Nacional.
Ahora, su papel en el caso Koldo ha quedado bajo sospecha para fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital, que sostienen que su personación no habría tenido como finalidad impulsar diligencias, sino acceder a información del procedimiento. Según esas fuentes, Adade habría actuado como “espía” de Moncloa y como una suerte de “marca blanca” del PSOE dentro de la causa.
Conviene precisar que esa acusación procede de fuentes jurídicas citadas por el medio y no constituye una conclusión judicial. Aun así, el episodio alimenta la sospecha política sobre el papel real de la asociación en un procedimiento que golpea de lleno al entorno socialista.
La protesta de Gloria de Pascual en el Supremo
El momento de mayor tensión se produjo cuando Gloria de Pascual intentó intervenir para dejar constancia de que Adade no compartía la posición de la acusación popular unificada sobre la rebaja de pena a Aldama.
Según informaciones publicadas, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le recordó que no tenía el uso de la palabra en ese momento. La abogada defendía que la postura del PP no representaba a todas las acusaciones populares, después de que el partido solicitara una rebaja de la petición de pena para Aldama por su colaboración con la Justicia.
El gesto fue interpretado por fuentes próximas a la acusación popular como una maniobra tardía, más orientada al impacto político que a una discrepancia procesal ordenada. Según esas fuentes, Adade pudo haber comunicado su desacuerdo antes y por los cauces habituales, sin necesidad de protagonizar una escena en el Supremo.
La rebaja a Aldama divide el caso
El punto de fondo es la situación de Víctor de Aldama, considerado una pieza clave en el procedimiento. El empresario ha colaborado con la Justicia y ha realizado declaraciones que afectan a dirigentes socialistas y al entorno del antiguo Ministerio de Transportes.
La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Alejandro Luzón, defendió que la trama nació en el Ministerio de Transportes y señaló a José Luis Ábalos, Koldo García y Aldama como integrantes de una estructura criminal vinculada a contratos de mascarillas durante la pandemia.
La discusión gira en torno a si la colaboración de Aldama debe traducirse en una rebaja sustancial de pena. Algunos medios han informado de que Anticorrupción mantuvo una petición de 7 años de prisión para Aldama, mientras que la acusación popular impulsada por el PP defendió una reducción mayor por su colaboración.
El PSOE critica la acusación popular mientras la usa
El episodio tiene una carga política evidente porque el PSOE ha sido muy crítico con la acusación popular cuando esta ha servido para impulsar causas incómodas para el Gobierno. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, llegó a calificar esta figura como un “nido de ultras”, en el marco del debate sobre limitar su alcance.
Sin embargo, los socialistas han utilizado esa misma herramienta en diferentes procedimientos judiciales. La contradicción es evidente: cuando la acusación popular incomoda al Gobierno, se presenta como un abuso; cuando se ejerce desde asociaciones afines o desde el propio PSOE, se defiende como una vía legítima.
Ese doble rasero es el que ahora vuelve contra Moncloa. Porque el caso Koldo no es una causa menor: afecta al exministro Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García, a contratos públicos durante la pandemia y a un empresario, Aldama, que ha prometido seguir aportando información.
Una intervención que refuerza la presión sobre Moncloa
El Gobierno ha tratado de desacreditar a Aldama y de presentar sus declaraciones como una estrategia de defensa. Pero el juicio ha seguido generando titulares y nuevas derivadas.
La intervención de Adade no apaga el caso; al contrario, lo agranda. Refuerza la idea de que el procedimiento no solo se libra en sede judicial, sino también en el terreno político y mediático.
Además, distintos medios han señalado que el juez de la Audiencia Nacional ha pedido al Supremo declaraciones de Koldo y Aldama para estudiar posibles ramificaciones vinculadas a la financiación del PSOE. Esa línea de investigación mantiene viva una de las derivadas más sensibles para el partido del Gobierno.
La opinión de El Vértice: la acusación popular no puede ser buena o mala según convenga al PSOE
Desde El Vértice, el episodio refleja una incoherencia difícil de ocultar. El PSOE no puede demonizar la acusación popular cuando le perjudica y aprovecharse de ella cuando le permite estar dentro de causas judiciales de interés político.
La acusación popular es una herramienta legítima del sistema jurídico español. Puede ser discutible, puede requerir controles y puede necesitar reformas para evitar abusos. Pero lo que no resulta aceptable es convertirla en un arma de partido mientras se acusa a los demás de instrumentalizarla.
Si Adade discrepaba de la estrategia de la acusación popular unificada, debía hacerlo con claridad, por los cauces procesales oportunos y en tiempo. Irrumpir al final del juicio para marcar distancia con la rebaja a Aldama proyecta una imagen de maniobra política más que de actuación jurídica seria.
El caso Koldo ya no es solo un juicio: es una prueba de coherencia política
El caso Koldo ha pasado de ser una investigación sobre contratos de mascarillas a convertirse en un examen completo sobre la limpieza institucional del Gobierno y del PSOE.
La actuación de Adade añade un nuevo elemento al debate: ¿se usa la acusación popular para defender el interés general o para vigilar causas sensibles desde dentro?
El PSOE exige limitar la acusación popular cuando le incomoda, pero la aprovecha cuando puede servirle. Esa es la contradicción que el caso Koldo ha dejado al descubierto.
