El regidor de Verín evita la condena por desobediencia tras no probarse una negativa expresa a cumplir la orden de rescindir el contrato de radares, pese a las demoras.
La Justicia exonera al alcalde tras años de conflicto por los radares
El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, ha sido absuelto del delito de desobediencia del que le acusaban la Fiscalía y otras partes, tras un proceso judicial que se remonta a una orden dictada en 2019. La magistrada del Tribunal de Instancia de Ourense, en sentencia fechada el 16 de marzo de 2026, concluye que no ha quedado probado que el regidor incurriera en una negativa deliberada a cumplir el mandato judicial.
El origen del caso está en una resolución del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, que ordenó al Concello de Verín rescindir el contrato de radares de control de velocidad instalados en el núcleo urbano. El juzgado llegó a advertir que, en caso de incumplimiento, se podrían derivar responsabilidades penales.
Retrasos, indemnización y ausencia de “rebeldía” judicial
A pesar de que la rescisión del contrato no se ejecutó hasta noviembre de 2025, con la correspondiente indemnización a la UTE adjudicataria, la magistrada considera que no existió una actitud de desafío frontal a la Justicia.
Según el fallo, no se puede acreditar que Seoane mantuviera una conducta de “negativa abierta, contumaz y deliberada”, requisito clave para que prospere un delito de desobediencia. Tampoco aprecia que hubiese una estrategia consciente para dilatar el cumplimiento de la sentencia.
Este punto resulta especialmente controvertido, ya que el retraso de más de seis años entre la orden judicial y su ejecución efectiva plantea dudas sobre la eficacia real del control judicial sobre las administraciones públicas.
Un caso que reabre el debate sobre la impunidad política
La absolución llega tras el juicio celebrado el 1 de diciembre de 2025, en el que la Fiscalía sostenía que el alcalde había ignorado de facto la orden judicial durante años. Sin embargo, la interpretación final del tribunal introduce un matiz clave: no basta con el retraso, sino que debe probarse una voluntad clara de desobedecer.
Este criterio jurídico, aunque ajustado a derecho, abre un debate incómodo:
¿puede un cargo público eludir responsabilidades penales simplemente dilatando decisiones durante años sin consecuencias?
En un contexto donde la confianza en las instituciones está en entredicho, casos como este alimentan la percepción de que los responsables políticos cuentan con un margen de maniobra mucho más amplio que el ciudadano común.
Claves del caso
- 2019: Un juzgado ordena rescindir el contrato de radares en Verín.
- Advertencia judicial: Posibles consecuencias penales por incumplimiento.
- 2025 (noviembre): El Concello ejecuta la rescisión con indemnización.
- 2025 (diciembre): Seoane es juzgado por desobediencia.
- 2026 (marzo): Sentencia absolutoria por falta de prueba de negativa expresa.
Reflexión final
La resolución judicial deja una sensación ambivalente: por un lado, reafirma las garantías del Estado de derecho; por otro, evidencia las limitaciones prácticas para exigir responsabilidades a los cargos públicos.
¿Estamos ante una aplicación estricta de la ley o ante un ejemplo más de la dificultad para sancionar la inacción política prolongada?
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