El Ayuntamiento de Pamplona encarga por 11 596 euros la medición del uso del euskera en la calle a una entidad guipuzcoana vinculada al ecosistema cooperativo y cultural vasco. La decisión reabre el debate sobre la neutralidad y el destino de fondos públicos.
El encargo municipal que reabre la controversia lingüística
El Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por el alcalde de EH Bildu Joseba Asiron, ha adjudicado la IX Medición del Uso de las Lenguas en la Vía Pública a la entidad guipuzcoana Soziolinguistika Klusterra por un importe de 11 596 euros (IVA incluido).
El convenio, firmado por la concejala Aitziber Campión Ganboa y el representante del clúster Imanol Larrea Mendizabal, permitirá analizar el uso real de las lenguas en 14 barrios de la ciudad mediante observación directa de conversaciones espontáneas a lo largo de 28 itinerarios.
Según el Consistorio, el objetivo es disponer de datos “objetivos y actualizados” para diseñar el futuro Plan de Normalización Lingüística municipal. Sin embargo, la adjudicación ha generado críticas por la vinculación ideológica y estructural de la entidad seleccionada.
Un clúster profundamente integrado en el ecosistema euskaltzale
Soziolinguistika Klusterra nació en 1989 y coordina desde 1997 la medición del uso de las lenguas en los territorios donde se habla euskera. Su dirección mantiene estrechos lazos con organizaciones históricamente vinculadas a la promoción lingüística vasca.
Su presidenta es Mertxe Mugika, dirigente de AEK, entidad organizadora de la Korrika, la popular carrera en favor del euskera que ha estado rodeada de polémica en diversas ediciones por homenajes y mensajes de fuerte carga política.
La vicepresidenta, Jasone Mendizabal, procede de Euskaltzaleen Topagunea, red de asociaciones culturales centradas en la promoción del euskera.
En su junta directiva figuran representantes de Eusko Ikaskuntza, la consultora lingüística Elhuyar Aholkularitza, Artez Euskara Zerbitzua y el ámbito de las ikastolas guipuzcoanas. Además, mantiene vínculos estables con la Universidad de Mondragón, considerada uno de los referentes académicos del cooperativismo vasco.
¿Falta de independencia en un estudio estratégico?
La decisión municipal resulta especialmente llamativa tras conocerse un informe de las ikastolas organizadoras del Nafarroa Oinez 2026 que señalaba que el uso del euskera en la calle apenas ha variado en Pamplona en los últimos 30 años e incluso habría retrocedido en buena parte de Navarra, pese a la inversión pública acumulada desde 2015.
El hecho de que el nuevo estudio vuelva a recaer en una entidad ubicada fuera de Navarra y plenamente integrada en el entramado institucional vasco de promoción lingüística ha generado interrogantes.
Sectores críticos cuestionan si un análisis de carácter estratégico sobre la realidad sociolingüística de la capital navarra debería encargarse a universidades o equipos investigadores independientes de la Comunidad Foral, en lugar de a un clúster con una clara orientación ideológica en materia lingüística.
Debate sobre fondos públicos y política lingüística
El contrato, aunque de cuantía moderada, reabre el debate sobre el uso de fondos públicos en políticas lingüísticas y la transparencia en los procesos de adjudicación.
En un contexto donde el euskera continúa siendo una cuestión sensible en Navarra, la elección del adjudicatario no es un asunto menor. Para sus defensores, se trata de una entidad con experiencia técnica consolidada. Para sus detractores, la operación confirma una estrategia de alineamiento institucional con el ecosistema nacionalista vasco.
La cuestión de fondo sigue abierta: ¿puede considerarse plenamente neutral un estudio encargado a una entidad profundamente vinculada a la promoción política y cultural del euskera?

