La Policía Nacional detiene a siete personas e investiga a otras seis por un fraude informático que habría permitido obtener más de 150 teléfonos. La trama llegó a utilizar datos de personas mayores de 100 años.
La Policía Nacional ha desarticulado una presunta organización criminal especializada en conseguir teléfonos móviles de alta gama sin pagar su precio, aprovechando una vulnerabilidad informática mediante un script. La operación deja siete detenidos y otras seis personas investigadas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, acceso ilegal informático y estafa informática.
Los investigadores atribuyen al entramado la obtención de más de 150 terminales que posteriormente habrían sido comercializados para obtener beneficios. El perjuicio económico inicialmente calculado supera los 50 000 euros.
Pero la investigación ha descubierto un segundo frente especialmente grave: los sospechosos habrían utilizado datos personales de cerca de 50 personas sin su consentimiento, incluidas algunas mayores de 100 años, para contratar líneas telefónicas, abrir cuentas bancarias y realizar otros trámites.
Un script permitía conseguir teléfonos sin efectuar el pago
El sistema utilizado por la organización revela el grado de especialización tecnológica de la trama.
Según la investigación policial, los sospechosos accedían ilícitamente a las plataformas de una compañía de telecomunicaciones para conseguir terminales de alta gama. Después empleaban un script —un archivo que contiene una serie de instrucciones— para aprovechar una vulnerabilidad que hasta entonces era desconocida.
La manipulación permitía activar la orden de entrega del teléfono solicitado sin haber abonado previamente su importe, mediante una alteración del código de la aplicación de venta.
Es decir, no se trataba simplemente de utilizar una identidad falsa para realizar una compra convencional: los investigados habrían explotado técnicamente el funcionamiento de la plataforma para conseguir que el sistema autorizara la entrega sin recibir el pago.
Más de 150 móviles de alta gama
Una vez conseguido el terminal, comenzaba la siguiente fase.
Los teléfonos eran enviados a diferentes puntos de España utilizando información perteneciente a terceras personas. En determinados casos, esas identidades aparecían incluso como destinatarias de los paquetes.
Posteriormente, los dispositivos eran recogidos y trasladados para su comercialización.
El resultado habría sido un circuito diseñado para transformar el fraude informático en dinero: explotar la vulnerabilidad, conseguir el dispositivo sin pagarlo, dificultar el seguimiento mediante identidades ajenas y finalmente vender el terminal.
La Policía atribuye a la organización más de 150 teléfonos obtenidos mediante este procedimiento.
Utilizaron identidades de personas de más de 100 años
Uno de los aspectos más preocupantes de la investigación afecta a las personas cuyos datos fueron utilizados.
La organización habría manejado sin autorización información personal de cerca de 50 víctimas.
Entre ellas había personas de avanzada edad y algunas superaban los 100 años. En determinados casos existía además una relación previa entre las víctimas y miembros del grupo, circunstancia que habría facilitado el acceso a su información y documentación.
Los sospechosos supuestamente aprovecharon esa confianza para realizar altas telefónicas, aperturas de cuentas bancarias y diferentes trámites administrativos.
La suplantación habría llegado incluso a los sistemas de comprobación de identidad.
Según la información difundida sobre la operación, miembros de la trama llegaron a hacerse pasar por las víctimas durante procesos de videoverificación.
El presunto cabecilla huyó de España
La operación adquirió dimensión internacional cuando el hombre considerado por los investigadores como principal responsable del entramado tuvo conocimiento de que estaba siendo investigado.
El sospechoso abandonó España y se desplazó hasta Italia.
La huida, sin embargo, duró poco.
Las autoridades activaron una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y, gracias a la cooperación internacional con la Oficina SIRENE y las autoridades italianas, el presunto cabecilla fue localizado y detenido apenas una hora después de emitirse la orden, según la información policial.
La rapidez de la captura muestra la importancia de los mecanismos europeos de intercambio de información cuando un investigado intenta utilizar las fronteras interiores de la UE para escapar de la Justicia.
Registros en Madrid e Italia
Los agentes practicaron cuatro registros, tres de ellos en Madrid y otro en Italia.
Durante estas actuaciones fueron intervenidos cerca de 13 000 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos y documentación oficial perteneciente a terceras personas.
Todo este material podrá resultar relevante para determinar el alcance definitivo de la actividad de la organización y establecer si existen más víctimas o operaciones todavía no detectadas.
La investigación concluye hasta el momento con siete detenidos y seis investigados, aunque corresponde ahora al procedimiento judicial determinar las responsabilidades individuales de cada uno.
Un fraude que combina ciberataques y robo de identidad
El caso evidencia una evolución significativa de determinadas modalidades de delincuencia.
El fraude ya no depende únicamente de robar una tarjeta bancaria o engañar directamente a una víctima. Las organizaciones pueden combinar vulnerabilidades informáticas, identidades ajenas, ingeniería social, cuentas bancarias y redes de distribución física.
Aquí confluyen precisamente esos elementos.
Por un lado, aparece una vulnerabilidad tecnológica que habría permitido conseguir dispositivos sin efectuar el pago. Por otro, datos personales reales utilizados para ocultar las operaciones y superar procedimientos de identificación.
La utilización de documentación de personas especialmente mayores introduce además una cuestión de particular gravedad: la explotación de la confianza y vulnerabilidad de ciudadanos que habían mantenido previamente relación con algunos miembros del entramado.
La operación policial ha permitido cortar un mecanismo que ya habría colocado en circulación más de 150 móviles de alta gama, mientras las pesquisas deberán determinar ahora el alcance completo del perjuicio económico y del uso fraudulento de las identidades.
