Dos décadas después, España sigue sin respuestas sobre uno de los casos más inquietantes de desaparición infantil. Ni el cuerpo, ni el asesino, ni el vehículo: todo sigue desaparecido.


Un Lunes Santo que acabó en tragedia

Lo que ocurrió aquel 10 de abril de 2006 en Dos Hermanas (Sevilla) continúa siendo un enigma que pone en evidencia las grietas del sistema. Josué Monge García, un niño de 13 años, salió en bicicleta desde su casa en el barrio de Huerta Sola para pasar la tarde con un amigo. Nunca llegó.

Su padre, Antonio Monge Rodríguez, inició una supuesta búsqueda… pero trece días después desapareció también sin dejar rastro. Desde entonces, ni el menor, ni el progenitor, ni siquiera la furgoneta familiar han sido localizados.


La hipótesis policial: un caso de violencia vicaria antes de que existiera el término

Con el paso del tiempo y la ausencia total de pruebas, la Policía Nacional fue construyendo una hipótesis cada vez más sólida:
Antonio habría asesinado a su hijo, ocultado el cadáver y posteriormente se habría suicidado.

Un caso que hoy se enmarcaría en lo que se conoce como violencia vicaria, aunque en aquel momento ni siquiera se utilizaba este concepto en el debate público.

Sin embargo, lo más inquietante es que no existe ninguna prueba concluyente.
No hay restos. No hay arma. No hay escena del crimen. No hay nada.


Una investigación exhaustiva… sin resultados

Durante años, el Grupo de Homicidios de Sevilla desplegó una de las investigaciones más intensas que se recuerdan en la provincia:

  • Intervención de teléfonos de toda la familia
  • Colaboración con Interpol y Europol
  • Búsquedas en Portugal y Marruecos
  • Revisión de movimientos bancarios y Seguridad Social
  • Investigación en sectas y comunidades religiosas
  • Inspección aérea del río Guadalquivir y pantanos
  • Consulta a más de 8 000 ayuntamientos por la furgoneta

El resultado: cero pistas.

Ni una sola señal del teléfono del menor desde el día de su desaparición.
Ni un movimiento bancario del padre.
Ni una denuncia de tráfico de la furgoneta Citroën Berlingo blanca con una pegatina de pez.


“Un fracaso sin excusas”: la confesión interna de la Policía

Años después, algunos de los agentes implicados reconocieron lo que muchos sospechaban:

“Fue un fracaso para la Policía”

No por falta de trabajo, insisten, sino por la incapacidad total de obtener respuestas.
Un caso que, pese al esfuerzo, terminó en un callejón sin salida.


El abandono institucional: la denuncia de una madre

La madre de Josué, Isabel García Chamizo, sigue viviendo con una herida abierta… y con una crítica demoledora:

“Nadie busca a los desaparecidos. El Gobierno gasta dinero en otras cosas”

Sus palabras reflejan una realidad incómoda: más de 3 000 personas siguen desaparecidas en España, muchas de ellas en situaciones similares.

Aunque reconoce el trabajo de los agentes de base, apunta directamente a los responsables políticos:
“Mi descontento es con los altos cargos”.


Sin rastro del coche, sin rastro del crimen

Uno de los elementos más desconcertantes del caso es la desaparición total de la furgoneta.
La Policía rastreó:

  • Depósitos municipales
  • Multas de tráfico
  • Cámaras y controles
  • Posibles hundimientos en ríos o embalses

Incluso se llegó a plantear que el padre se hubiera arrojado con el vehículo al Guadalquivir, pero ni siquiera esa hipótesis pudo confirmarse.


2016: la muerte legal sin cuerpo

En 2016, diez años después de la desaparición, Josué fue declarado oficialmente muerto.
Una decisión administrativa que no resolvió nada, pero que evidenció lo más duro del caso:

👉 España cerró el expediente sin encontrar la verdad.


Un caso que retrata las carencias del sistema

El caso de Josué no es solo una tragedia familiar. Es también un símbolo de:

  • La falta de medios estructurales en desapariciones
  • La escasa coordinación institucional a largo plazo
  • El abandono progresivo de casos sin resolución mediática

Veinte años después, el silencio sigue siendo absoluto.


Conclusión: la incómoda pregunta que sigue sin respuesta

Dos décadas sin una sola prueba concluyente deberían obligar a una reflexión profunda:

¿Puede un país moderno permitirse que un niño desaparezca sin dejar rastro… y que nadie dé explicaciones?

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