La alcaldesa socialista defiende en el Senado la zona tensionada pese al desplome de la oferta de vivienda y las críticas del PP, que denuncia un “fracaso populista” con alquileres cada vez más inaccesibles.
Lo que está ocurriendo en A Coruña se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla políticos sobre la vivienda en España. Mientras el Gobierno central y los ayuntamientos alineados con la izquierda celebran la intervención del mercado, cada vez más propietarios retiran pisos del alquiler tradicional y el acceso a una vivienda sigue complicándose para miles de familias.
Inés Rey reivindica la zona tensionada en el Senado
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, compareció este jueves en el Senado para defender la declaración de la ciudad como Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), una medida impulsada al amparo de la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante su intervención, la regidora aseguró que la declaración ha permitido una reducción del precio medio de los alquileres en la ciudad. Según los datos expuestos por Rey, el alquiler pasó de 771 euros mensuales en junio de 2025 a 706 euros en marzo de 2026, lo que supone una caída superior al 7%.
La alcaldesa sostuvo que A Coruña fue la primera ciudad gallega en aplicar oficialmente esta medida y defendió que los resultados “demuestran” la eficacia de intervenir el mercado inmobiliario.
El alquiler cae… pero también desaparecen viviendas del mercado
Sin embargo, el debate va mucho más allá del simple descenso estadístico de precios. La propia evolución del mercado revela un fenómeno que preocupa cada vez más a expertos y propietarios: la desaparición de viviendas del alquiler tradicional.
Los datos muestran que el número de contratos de arrendamiento continúa reduciéndose de forma considerable. Mientras el Ayuntamiento interpreta esto como una tendencia general en Galicia, desde la oposición denuncian que la regulación está provocando justamente el efecto contrario al prometido: menos oferta y más dificultades para encontrar piso.
El auge del alquiler temporal y de las fórmulas alternativas para esquivar las limitaciones legales se está convirtiendo en una consecuencia directa de la intervención pública. En A Coruña, este tipo de alquiler ya representa más de la mitad de los anuncios disponibles.
Además, numerosos propietarios optan por retirar sus inmuebles del mercado ante el temor a futuras limitaciones de precios, inseguridad jurídica o dificultades para recuperar sus viviendas en caso de impago.
El PP acusa a Inés Rey de “populismo inmobiliario”
Desde el Partido Popular de A Coruña, la respuesta fue inmediata y especialmente dura. Los populares consideran que la zona tensionada “está empeorando” el problema de la vivienda.
Según sus cifras, el precio medio real del alquiler rondaría actualmente los 900 euros mensuales, unos 150 euros más que antes de la entrada en vigor de la medida. Además, denuncian que la oferta disponible se habría desplomado un 55%, provocando la salida de alrededor de 400 viviendas del mercado.
El PP sostiene que muchos propietarios están fragmentando contratos o alquilando por separado garajes, trasteros y otros elementos para esquivar los límites regulatorios. A su juicio, las políticas impulsadas por la izquierda generan “distorsiones artificiales” que terminan perjudicando precisamente a las clases medias y jóvenes que buscan vivienda.
Los populares defendieron que el verdadero camino pasa por construir más vivienda, agilizar licencias y facilitar rehabilitaciones, en lugar de “castigar” a propietarios y ahuyentar inversión inmobiliaria.
Rey carga contra la Xunta por “falta de colaboración”
Durante su comparecencia, Inés Rey también aprovechó para señalar directamente a la Xunta de Galicia por la supuesta falta de implicación en la tramitación de la zona tensionada.
La alcaldesa afirmó que el Ayuntamiento tuvo que asumir “prácticamente en solitario” buena parte del trabajo técnico y administrativo necesario para acreditar la situación del mercado residencial coruñés.
Además, criticó la escasa coordinación institucional posterior y denunció que muchos datos oficiales sobre vivienda solo podían consultarse a través del Observatorio autonómico.
Este nuevo choque evidencia el enfrentamiento político creciente entre administraciones gobernadas por distintos partidos en torno a la política de vivienda, uno de los asuntos más sensibles actualmente en España.
La regulación de pisos turísticos entra en el centro del debate
Otro de los puntos defendidos por la alcaldesa fue la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), una cuestión cada vez más polémica en las principales ciudades españolas.
El Ayuntamiento sostiene que limitar el crecimiento de apartamentos turísticos ayuda a liberar vivienda para residentes habituales. Sin embargo, sectores económicos y propietarios alertan de que estas restricciones también pueden afectar negativamente al turismo y a pequeños ahorradores que dependen de estos ingresos.
Rey destacó además la inversión municipal de más de 10 millones de euros para construir alrededor de 50 viviendas de alquiler social en Xuxán, reivindicando la necesidad de ampliar el parque público.
El gran dilema: intervenir el mercado o aumentar la oferta
El caso de A Coruña refleja uno de los grandes debates ideológicos que atraviesa España: si el problema de la vivienda se combate mediante controles e intervención estatal o aumentando masivamente la oferta de vivienda disponible.
Mientras la izquierda insiste en limitar precios y reforzar la regulación, numerosos economistas advierten de que estas políticas pueden terminar reduciendo aún más la oferta y empeorando el acceso al alquiler a medio plazo.
La experiencia coruñesa empieza ya a utilizarse como ejemplo político tanto por defensores como por detractores de la Ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Y la gran pregunta sigue en el aire: ¿están bajando realmente los alquileres o simplemente están desapareciendo los pisos disponibles para alquilar?
