La decisión de la Xunta evidencia el choque entre los ministerios de Educación y Trabajo. Galicia renuncia a un programa implantado desde 2009 ante el riesgo de sanciones millonarias y acusa al Ejecutivo central de generar inseguridad jurídica.
Lo que está ocurriendo en Galicia amenaza con abrir un nuevo frente político entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Lo que durante años fue presentado como un modelo de éxito para reforzar la enseñanza de idiomas en los colegios se ha convertido ahora en una fuente de incertidumbre legal, posibles sanciones millonarias y enfrentamientos institucionales.
La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo puede un mismo Gobierno defender que no existe relación laboral mientras otro de sus ministerios impone multas precisamente por considerar que sí existe?
La Xunta abandona un programa que llevaba más de una década funcionando
La Xunta de Galicia ha decidido abandonar el programa estatal de auxiliares de conversación, una iniciativa promovida por el Ministerio de Educación en la que la comunidad participaba desde el año 2009.
La decisión afecta al curso 2026-2027 y llega después de que varias inspecciones laborales hayan puesto en cuestión el encaje jurídico de estos profesionales extranjeros que colaboran en los centros educativos para reforzar el aprendizaje de lenguas.
El detonante ha sido el riesgo de enfrentarse a multas millonarias similares a las que ya han afectado a comunidades como Andalucía y Comunidad Valenciana, donde la Inspección de Trabajo concluyó que los auxiliares mantenían una relación laboral con las administraciones autonómicas y, por tanto, debían haber cotizado a la Seguridad Social.
En Galicia existe además una investigación abierta en la provincia de A Coruña, circunstancia que incrementó la preocupación del Ejecutivo autonómico.
Un enfrentamiento entre ministerios que desata la polémica
La controversia gira en torno a una aparente contradicción dentro del propio Gobierno de España.
Por un lado, el Ministerio de Educación sostiene que los auxiliares participan en un programa de carácter educativo y cultural, sin vínculo laboral con las administraciones públicas. Según esta interpretación, estos profesionales actúan como apoyo lingüístico y no pueden asumir funciones reservadas al profesorado.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo mantiene una posición distinta cuando analiza determinados casos a través de la Inspección de Trabajo, lo que ha derivado en expedientes sancionadores y reclamaciones económicas de enorme magnitud.
Desde la Xunta consideran que esta situación genera una grave inseguridad jurídica, ya que las comunidades autónomas quedan expuestas a sanciones pese a seguir las directrices establecidas por el propio Ministerio de Educación.
Galicia ofreció asumir el coste para evitar las sanciones
Ante el creciente conflicto, el conselleiro de Educación trasladó una propuesta al Gobierno central.
La Xunta ofreció los 4,8 millones de euros que aporta cada año al programa —de un presupuesto total de aproximadamente 5,2 millones— para que fuese el propio Ministerio de Educación quien realizara directamente las contrataciones.
El objetivo era evitar que las comunidades asumieran responsabilidades laborales que posteriormente pudieran derivar en expedientes sancionadores.
No obstante, la propuesta fue rechazada durante la conferencia sectorial celebrada esta semana. Según el Gobierno, aceptar esta fórmula supondría otorgar un tratamiento diferente a Galicia respecto al resto de autonomías.
La administración gallega respondió que la misma solución podría aplicarse a cualquier comunidad que la solicitara.
La Xunta acusa al Gobierno de «lavarse las manos»
El enfrentamiento político se intensificó tras la negativa del Ejecutivo central.
Desde la administración gallega se denuncia que el Gobierno está trasladando toda la responsabilidad a las comunidades autónomas mientras mantiene mensajes contradictorios entre departamentos ministeriales.
La Xunta sostiene que las aclaraciones incorporadas recientemente por Educación en la nueva convocatoria ya figuraban en documentos y guías de años anteriores, por lo que no ofrecen garantías suficientes para evitar futuras sanciones.
Además, el Gobierno reconoció que las actuaciones inspectoras podrían continuar, un hecho que refuerza las dudas existentes sobre la seguridad jurídica del programa.
Un impacto directo sobre cientos de centros educativos gallegos
La salida de Galicia del programa no es una decisión menor.
La comunidad era una de las que más intensamente participaban en esta iniciativa, con auxiliares presentes en 791 centros educativos repartidos por 238 municipios.
Durante años, estos profesionales contribuyeron a mejorar la exposición del alumnado a idiomas extranjeros, especialmente inglés, favoreciendo la práctica oral y el contacto con otras culturas.
La desaparición de este modelo obligará a reorganizar numerosos proyectos educativos que dependían parcialmente de la presencia de estos auxiliares.
Galicia prepara una alternativa propia
Pese al abandono del programa estatal, la Consellería de Educación asegura que los recursos económicos no desaparecerán.
Los fondos que se destinaban a los auxiliares de conversación serán utilizados para desarrollar una nueva iniciativa autonómica orientada al aprendizaje de idiomas y que, según la Xunta, estará operativa ya durante el próximo curso.
Por el momento no se han detallado todas las características del nuevo sistema, aunque el Ejecutivo gallego insiste en que ofrecerá mayores garantías jurídicas y evitará exponer a la administración a posibles sanciones futuras.
Casi 20 millones de euros para programas educativos
Durante la misma conferencia sectorial también se aprobó el reparto de fondos destinados a distintos programas educativos.
Galicia recibirá cerca de 20 millones de euros para iniciativas relacionadas con:
- Refuerzo de la competencia lectora.
- Mejora de las competencias matemáticas.
- Programas de educación inclusiva.
- Plan PROA+ para alumnado vulnerable.
- Bienestar y protección en los centros educativos.
Estos recursos buscan reforzar el rendimiento académico, favorecer la inclusión y mejorar la convivencia escolar.
Un nuevo ejemplo del conflicto institucional dentro del Ejecutivo
La polémica sobre los auxiliares de conversación trasciende el ámbito educativo y se ha convertido en un ejemplo de las tensiones internas existentes dentro del Gobierno.
Mientras Educación defiende la continuidad del programa y niega la existencia de relaciones laborales, Trabajo mantiene actuaciones inspectoras que apuntan en dirección opuesta.
El resultado es que comunidades autónomas como Galicia optan por retirarse para evitar riesgos económicos que podrían alcanzar cifras millonarias.
La cuestión de fondo sigue abierta: si un programa impulsado por el propio Estado no ofrece garantías suficientes a las administraciones que lo ejecutan, ¿quién debe asumir la responsabilidad de las consecuencias legales derivadas de su aplicación?
